Con más de cinco millones de jugadores online, ingresos millonarios y un marco digital aún incompleto, Chile acelera una reforma que busca ordenar el sector, reforzar la fiscalización y modernizar los estándares de juego responsable.
La industria del juego en Chile se divide en dos áreas principales: el juego presencial —que incluye casinos, tragamonedas y salas con más de 10.000 máquinas y hasta 2.000 sillas de bingo— y las apuestas deportivas y plataformas online. El sector físico, que en 2024 generó CLP 196.833 millones en impuestos y otros CLP 64.991 millones en aportes municipales, opera bajo regulación estricta y supervisión directa de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), entidad que fiscaliza el cumplimiento normativo y la tributación de los 25 casinos autorizados en el país.
En contraste, el ecosistema digital sigue funcionando bajo un marco legal en transición. Aunque se estima que las plataformas online movieron cerca de USD 3.100 millones en ingresos brutos en 2024, muchas operan con licencias extranjeras. Por ello, el Congreso de Chile discute un proyecto destinado a crear un sistema formal de licencias, impuestos específicos —potencialmente entre 5% y 20%— y nuevas obligaciones de protección al consumidor. El objetivo: ordenar un mercado donde participan alrededor de cinco millones de chilenos, especialmente jóvenes de entre 18 y 30 años, con una creciente presencia femenina, y cuyo gasto promedio ronda los CLP 30.000 por sesión.
La discusión legislativa se intensificó entre 2024 y 2025, luego de que la SCJ y el Ministerio de Hacienda advirtieran que el sector online generaba cientos de millones de dólares anuales sin aportar tributos equivalentes al juego presencial. Por ello, el proyecto incorporó requisitos como acreditación de fondos, límites de apuestas, reportes financieros obligatorios y estándares equivalentes a los exigidos a casinos físicos.
Al mismo tiempo, Chile avanza en políticas de juego responsable. La SCJ impulsó en 2025 la adopción de herramientas tecnológicas para detectar conductas de riesgo, promoviendo sistemas de autoexclusión, monitoreo de patrones de juego y verificación reforzada de identidad tanto para operadores presenciales como para futuros licenciatarios digitales. El país también observa modelos regulatorios internacionales para adaptar buenas prácticas y fortalecer su gobernanza del sector, que emplea de forma directa a unas 8.500 personas y atiende en promedio 6,77 millones de visitas presenciales al año dentro de una población de 18,48 millones de habitantes.
Con un mercado en plena transformación, Chile parece encaminado a cerrar la brecha regulatoria y consolidar un sistema mixto —físico y digital— que combine recaudación sostenible, protección al usuario y estándares modernos de fiscalización.
