La inminente regulación de plataformas y apuestas en línea obligará a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile a ampliar su ámbito de acción, modernizar su estructura y adoptar capacidades tecnológicas avanzadas para supervisar un mercado completamente digital, según sostiene el abogado Carlos Fonseca.
La eventual aprobación del proyecto de ley en Chile que regula las plataformas y apuestas en línea supone, según el abogado Carlos Fonseca, socio de Fonseca Abogados LLC, “una transformación institucional relevante para la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)”. El cambio ampliará sus competencias, hoy centradas en la fiscalización de establecimientos físicos bajo la Ley N° 19.995, hacia la supervisión integral de actividades remotas, un desafío que exigirá fortalecer el marco jurídico y las capacidades técnicas y humanas del organismo.
Fonseca subraya que la ley deberá otorgar a la SCJ facultades expresas para requerir información a operadores nacionales y extranjeros que ofrezcan juegos remotos a usuarios en Chile, ordenar el bloqueo de plataformas no autorizadas y de proveedores vinculados —como procesadores de pago o proveedores de software—, además de imponer sanciones administrativas y coordinar acciones con otras entidades fiscalizadoras. Estas atribuciones, afirma, son esenciales para equiparar la supervisión digital con el nivel de control ejercido actualmente sobre los casinos presenciales.
El abogado advierte que la transición hacia este modelo requerirá también un reglamento técnico específico, encargado de definir estándares de cumplimiento, criterios de auditoría tecnológica y protocolos de supervisión continua. Este marco deberá complementarse con una “actualización orgánica que permita crear divisiones internas especializadas en fiscalización online”, considerando que la naturaleza del juego remoto demanda herramientas y competencias distintas a las utilizadas en el entorno físico.
“La fiscalización de actividades exige una infraestructura tecnológica avanzada, capaz de rastrear operaciones en tiempo real y verificar la integridad de las plataformas”, sostiene Fonseca. En esa línea, recomienda que la SCJ “desarrolle o adquiera sistemas de monitoreo automatizado de sitios y transacciones, incorporando análisis de big data para identificar patrones de apuestas irregulares o riesgos de lavado de activos”.
El nuevo modelo implica también un cambio profundo en los perfiles profesionales del organismo. Fonseca enfatiza que será necesario incorporar o capacitar funcionarios especializados en ciberseguridad, auditoría informática, protección de datos, derecho digital, economía de plataformas y sistemas financieros electrónicos. Del mismo modo, se requerirá garantizar la independencia técnica y estabilidad presupuestaria de la SCJ, con recursos suficientes para sostener su estructura tecnológica.
Finalmente, Fonseca recalca que el éxito de la supervisión digital dependerá de una coordinación interinstitucional sólida. La SCJ deberá articularse con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Policía de Investigaciones (PDI) y los proveedores de servicios de internet (ISP). “Solo mediante una supervisión integrada podrá alcanzarse un control efectivo de los juegos a distancia”, concluye.
