Aunque el país destaca internacionalmente por la estabilidad de su marco normativo y la actuación imparcial del Mincetur, especialistas advierten que las cargas fiscales antitécnicas y el avance del juego no autorizado desde internet generan distorsiones que ponen en tensión la competitividad y el cumplimiento en el sector formal.
El Perú se ha consolidado como una referencia internacional en materia de regulación del juego debido a la estabilidad de su marco normativo y a la formalización completa del mercado físico. Según Nicolás Samohod, del estudio jurídico Samohod Abogados, el país destaca por contar con reglas claras y precisas que generan confianza jurídica y favorecen la inversión nacional y extranjera. Esta previsibilidad regulatoria permite a los operadores tomar decisiones empresariales con mayor seguridad.
La normativa que rige los juegos y apuestas deportivas a distancia mantiene coherencia con la estructura aplicada al juego físico, lo que fortalece la solidez del sistema legal peruano. Esta alineación ofrece seguridad jurídica al sector y contribuye a su desarrollo ordenado. No obstante, Samohod advierte que aún existen desafíos relevantes para los operadores, especialmente en lo relacionado al cumplimiento continuo de obligaciones, requisitos y cargas tributarias establecidos por la legislación vigente.
Uno de los principales problemas proviene del crecimiento del juego ilegal o no autorizado, particularmente a través de internet. La presencia constante de este mercado paralelo constituye una amenaza para los operadores formales, quienes deben sostener inversiones y obligaciones mientras compiten contra plataformas que operan sin supervisión regulatoria ni cargas impositivas. Esta situación genera un entorno desigual y presiona la sostenibilidad del sector regulado.
Otro riesgo señalado por el especialista es la tendencia de ciertos legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo en Perú —así como de autoridades fiscales ajenas al rol regulador del Mincetur— a diseñar políticas tributarias que no consideran la dinámica real del mercado del juego. Estas iniciativas pueden derivar en cargas impositivas excesivas o antitécnicas. Samohod menciona como ejemplo el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), calificado como inconstitucional por su carácter desproporcionado, gravoso y confiscatorio. Según el abogado, estas decisiones tributarias distorsionan la competitividad y afectan la estabilidad del sector.
En contraste, destaca que la actuación del regulador peruano —es decir, el Mincetur— es eficaz, equitativa e imparcial. Su labor se centra en mantener un tratamiento equilibrado hacia operadores nacionales y extranjeros, brindando orientación y apoyo en condiciones equivalentes. Este desempeño contribuye a la reputación del Perú como un mercado ordenado, confiable y con criterios alineados a las tendencias regionales.
Samohod subraya finalmente que las distorsiones regulatorias suelen surgir cuando funcionarios públicos ajenos al Mincetur intentan intervenir en la regulación tributaria del sector en el Perú sin conocimiento especializado. Esto genera riesgos de incoherencia normativa y afecta la competitividad del mercado.
