En septiembre de 2023, la Corte Suprema de Chile declaró ilegales las plataformas de apuestas deportivas en línea, ordenando el bloqueo de más de 20 sitios a través del proveedor de internet Mundo Pacífico. Esta decisión respondió a una apelación presentada por la Polla Chilena de Beneficencia, entidad estatal con derechos exclusivos sobre las apuestas deportivas en el país.
El fallo generó incertidumbre en el sector, afectando a operadores internacionales como Betsson, Bet365 y Betano. También provocó la cancelación de contratos de patrocinio deportivo, incluyendo el acuerdo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) con Betsson, valorado en 8 millones de dólares.
Avances legislativos hacia una regulación formal
A pesar del fallo judicial, el Congreso chileno continúa trabajando en el proyecto de ley 035/2022 para regular el juego en línea. Este proyecto propone sanciones para operadores sin licencia y para quienes promuevan sus servicios, con multas de hasta 15.000 dólares y penas de cárcel .
Además, se establece que las plataformas que hayan operado ilegalmente en los 12 meses previos a su solicitud de licencia no podrán obtenerla, implementando un período de “enfriamiento” similar al adoptado en otros países.
Nuevo enfoque del gobierno: regulación en lugar de prohibición
Recientemente, el gobierno chileno ha adoptado una postura más conciliadora, reconociendo la necesidad de una regulación efectiva del mercado de apuestas en línea. Se están considerando medidas como un impuesto anual de 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para operadores con licencia y un impuesto adicional del 2% destinado al Instituto Nacional del Deporte (IND). La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) se transformará en la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, con mayores atribuciones para supervisar el sector.
Perspectivas futuras para el mercado chileno de apuestas en línea
La transición de Chile hacia un mercado regulado de apuestas en línea representa un cambio significativo en su política de juegos de azar. Si bien el fallo de la Corte Suprema marcó un precedente importante, la evolución legislativa sugiere una apertura hacia la regulación y formalización del sector. Esto podría atraer inversiones y establecer un marco legal claro para operadores y usuarios, promoviendo un entorno de juego seguro y controlado.
