En los últimos años, Colombia ha sido testigo de un crecimiento sostenido en sectores emergentes como el juego online y las transacciones con criptomonedas. Estas actividades, impulsadas por el avance tecnológico y el cambio en los hábitos de consumo, representan hoy un volumen económico significativo que escapa, en gran parte, a los mecanismos tradicionales de control fiscal.
Según estimaciones oficiales, los movimientos en plataformas de apuestas digitales y exchanges de criptoactivos alcanzan montos millonarios. No obstante, buena parte de estas operaciones se desarrollan sin una supervisión tributaria clara, lo que genera una brecha entre la actividad económica real y los ingresos recaudados por el Estado.
¿Qué propone la DIAN? Medidas tributarias para sectores digitales
El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, ha confirmado que el Gobierno está evaluando la inclusión de nuevas medidas fiscales en el marco de una reforma tributaria estructural prevista para 2026. Estas medidas no buscan crear nuevos impuestos, sino establecer mecanismos más eficientes para gravar sectores con baja fiscalización actual.
Entre las propuestas destacadas se encuentran:
- Aplicación del IVA a apuestas digitales y criptoactivos
- Anticipo de renta y retención en la fuente
- Fiscalización sobre el Gross Gaming Revenue (GGR)
Reacciones del sector: preocupación por migración a la informalidad
A pesar de que la DIAN insiste en que no se trata de un incremento tributario, sino de una redistribución más justa, varios actores del sector han manifestado su preocupación. Una de las principales alertas es que el aumento en la carga fiscal sobre plataformas formales podría generar una migración de los usuarios hacia opciones informales o no reguladas, lo que iría en contra del objetivo de control y recaudación.
Colombia se prepara para dar un paso decisivo hacia la modernización de su sistema fiscal, incorporando a los sectores digitales de apuestas y criptoactivos dentro de su marco tributario. Aunque el proceso presenta desafíos técnicos, jurídicos y de confianza, también representa una oportunidad histórica para construir un modelo más justo, transparente y adaptado a la realidad económica actual.
La clave estará en mantener el equilibrio entre control y desarrollo, regulando sin sofocar la innovación, y garantizando que el crecimiento digital también signifique progreso para las finanzas públicas del país.
