En Colombia, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Carlos Emilio Betancourt, confirmó que el gobierno colombiano trabaja en un nuevo proyecto de reforma tributaria de alcance amplio, que será presentado ante el Congreso el próximo 20 de julio. La iniciativa, diseñada para ser debatida por el nuevo Congreso y con efectos previstos principalmente desde 2027, apunta a corregir un faltante fiscal superior a 30 billones de pesos que presiona las cuentas del Estado.
Según Betancourt, si la reforma es aprobada, el déficit fiscal podría reducirse hasta el 4,5% del PIB en 2027. El planteamiento marca una apuesta por el aumento estructural del recaudo en lugar de depender exclusivamente de recortes de gasto público, una lógica que el propio director de la DIAN sintetizó al señalar que el objetivo es que «haya una carga mayor para los que más ganan».
Juegos de suerte y azar, en la lista de sectores con mayor tributación
Entre los sectores que verían modificada su carga tributaria se encuentran los juegos de suerte y azar. La reforma contempla mayores tributos para esta industria, aunque el gobierno no ha detallado aún las tasas específicas ni los mecanismos concretos que se aplicarían.
La inclusión del sector no es novedosa en el debate fiscal colombiano, pero adquiere relevancia en un contexto en que el mercado de apuestas online ha crecido de forma sostenida y la discusión sobre su aporte al erario público ha ganado espacio en la agenda regulatoria del país.
Un esquema más progresivo para patrimonios y renta
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la reforma del impuesto al patrimonio para personas naturales. La idea consiste en establecer tres tarifas diferenciadas, de manera que los patrimonios de mayor valor enfrenten una carga tributaria proporcionalmente más elevada. En la misma línea, se estudia aumentar la progresividad del impuesto de renta creando escalas superiores para los contribuyentes de mayores ingresos.
El enfoque responde a una lógica redistributiva que el gobierno ha sostenido como principio rector de su política fiscal: ampliar el recaudo sin afectar a los sectores de menores ingresos, concentrando el esfuerzo en quienes tienen mayor capacidad contributiva.
IVA, licores y combustibles: ajustes con límites declarados
En materia de IVA, la DIAN apunta a reducir exenciones tributarias, aunque Betancourt fue explícito al señalar que se buscaría evitar gravar bienes de la canasta familiar. «En algunos casos sí, pero en este punto toca tener mucho cuidado para que no sean bienes de la canasta familiar», afirmó el funcionario en entrevista con El Tiempo.
La apuesta del gobierno en este frente sería disminuir beneficios tributarios «en la medida de lo posible» para aumentar el recaudo sin golpear productos básicos, un equilibrio políticamente delicado en un país donde el costo de vida ha sido fuente de tensión social recurrente.
Respecto a los licores, la reforma contempla retomar los denominados impuestos saludables y gravar con mayor intensidad a los licores de alta graduación alcohólica, con cuidado expreso de no aumentar la carga sobre la cerveza. En cuanto a los combustibles, incluida la gasolina, el director de la DIAN reconoció que la posibilidad está en evaluación, aunque la decisión aún no está tomada.
Una reforma que llegará al Congreso en un momento político clave
El cronograma elegido no es casual. La presentación el 20 de julio coincide con el inicio del nuevo período legislativo en Colombia, lo que significa que la reforma será debatida por un Congreso renovado tras las elecciones. Sus efectos, según el propio gobierno, operarían principalmente durante la siguiente administración, a partir de 2027.
Esa temporalidad le otorga al proyecto un carácter peculiar: es una reforma que el gobierno actual impulsa con efectos previstos más allá de su propio mandato, lo que podría facilitar algunos acuerdos políticos al reducir el costo inmediato de su aprobación, pero también generarle resistencias de quienes prefieran dejar la decisión al próximo ejecutivo.
Para la industria del juego en Colombia, el proyecto representa una señal de que el sector seguirá bajo escrutinio fiscal en los próximos años, en un entorno regulatorio que combina presión tributaria creciente con un mercado online en expansión cuya contribución al recaudo aún no está plenamente formalizada.
