El Pleno del Consejo de Políticas del Juego (CPJ) de España celebró una sesión en formato telemático bajo la presidencia del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán. El encuentro abordó distintas cuestiones relacionadas con la actividad del sector, entre las que destacaron la aprobación de la Memoria de Actividad del Juego en España 2025 y la presentación de un informe sobre las subvenciones concedidas en los últimos años para financiar investigaciones en materia de prevención y reducción de riesgos asociados al juego.
La sesión reunió a representantes del gobierno central y de las comunidades autónomas en un espacio de coordinación.
La Memoria de 2025 incorpora un nuevo anexo regulatorio autonómico
La principal novedad de la Memoria de Actividad del Juego en España 2025, cuya publicación está prevista en la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), es la incorporación de un anexo regulatorio que ofrece una visión sintética de los distintos marcos normativos autonómicos que regulan la actividad del juego en el territorio.
Este nuevo apartado reúne información sobre la normativa vigente en cada comunidad autónoma, las principales modalidades de juego autorizadas, los registros de personas autoexcluidas y otros elementos de interés para comprender la diversidad regulatoria existente. El documento fue elaborado de forma coordinada entre la DGOJ y las comunidades y ciudades autónomas, con el objetivo de convertirse en un instrumento de referencia para administraciones públicas, operadores, investigadores y cualquier persona interesada en el sector.
La inclusión de este anexo responde a una demanda real: España tiene un mapa regulatorio fragmentado, en el que cada autonomía puede establecer sus propias normas dentro del marco general fijado por el Estado.
67 proyectos financiados y más de 3,8 millones de dólares invertidos en tres años
Durante la reunión también se presentó un informe sobre las subvenciones destinadas a proyectos de investigación relacionados con la prevención de los trastornos del juego. Desde 2022, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 convoca anualmente estas ayudas con el objetivo de impulsar el conocimiento científico y favorecer el desarrollo de iniciativas orientadas a promover entornos de juego más seguros.
Entre 2023 y 2025 se han financiado 67 proyectos de investigación, con una inversión que supera los 3,5 millones de euros, equivalentes a más de 3,8 millones de dólares al tipo de cambio actual. La mayor parte de estas iniciativas ha sido desarrollada por universidades públicas, centros de investigación y entidades vinculadas al sistema sanitario español.
Las líneas de trabajo abordadas por estos proyectos son amplias y reflejan la complejidad del fenómeno que se busca comprender. Entre los temas investigados figuran la detección temprana de comportamientos de riesgo, el impacto social y familiar del juego problemático, la relación entre los videojuegos y las actividades de apuestas, los mecanismos de protección de las personas jugadoras y el impacto de género en los comportamientos problemáticos asociados al juego.
Una apuesta sostenida por la investigación como herramienta de política pública
La convocatoria anual de subvenciones para investigación sobre prevención del juego problemático no es un gesto aislado, sino parte de una estrategia deliberada del gobierno español para construir una base de conocimiento científico que respalde sus decisiones regulatorias. A diferencia de los enfoques que dependen exclusivamente de la experiencia acumulada por los operadores o de las estadísticas de prevalencia, este modelo busca generar evidencia independiente producida por instituciones académicas y sanitarias.
El dato acumulado entre 2023 y 2025, con 67 proyectos y más de 3,8 millones de dólares comprometidos, indica que esta línea de financiamiento se ha consolidado como un componente estable de la política pública en materia de juego.
España, referencia en el enfoque preventivo del juego
El conjunto de medidas presentadas en la sesión del CPJ refleja un modelo regulatorio que combina la ordenación del mercado con una inversión activa en prevención y generación de conocimiento. La incorporación del anexo regulatorio autonómico a la Memoria de 2025 apunta a mejorar la transparencia y la coherencia del sistema, mientras que el programa de subvenciones para investigación sienta las bases para una política pública cada vez más informada por evidencia científica.
En un momento en que varios países de Europa y América Latina están revisando sus marcos regulatorios del juego, el enfoque español de combinar regulación, transparencia de datos e inversión en investigación preventiva puede servir como punto de referencia para jurisdicciones que buscan equilibrar la actividad económica del sector con la protección efectiva de los consumidores.
