En una conversación con Aciértala (Perumatic Entertainment SAC), la empresa destacó los avances logrados con la Ley N° 31557, que ha generado un entorno más seguro y transparente para las apuestas en línea en Perú. Sin embargo, el Decreto Legislativo 1644, que introduce un impuesto al consumo del 1 %, plantea desafíos importantes. Desde su perspectiva, esta medida incrementará los costos operativos, afectará la competitividad frente a plataformas no reguladas y podría incentivar la informalidad, poniendo en riesgo los avances de la industria.
A pesar de los retos, Aciértala identifica oportunidades para fortalecer el mercado regulado. Propone revisar la carga fiscal, implementar incentivos para operadores nacionales y mejorar la fiscalización de plataformas ilegales. Basándose en las experiencias exitosas de Colombia y Ecuador, la empresa sugiere un enfoque más equilibrado entre regulación, impuestos y formalización, asegurando un sector sostenible y competitivo tanto para jugadores como para operadores.
¿Cómo ha percibido el desarrollo del marco regulatorio peruano para las apuestas en línea desde la implementación de la Ley N°31557?
La implementación de la ley ha sido positiva. Ha generado un entorno más ordenado, transparente y seguro. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la fiscalización, la competencia con plataformas ilegales y la adaptación constante a los cambios tecnológicos.
La percepción que tenemos es que la ley tiene el potencial de consolidar un mercado de apuestas más robusto y sostenible en Perú, siempre que se logren superar estos obstáculos.
¿Cuál es su opinión sobre la reintroducción del impuesto al consumo del 1 % establecido en el Decreto Legislativo 1644?
La reintroducción del impuesto del 1 % sobre las apuestas en línea incrementa significativamente los costos operativos, sobre todo en el canal retail, quienes podrían trasladar el cargo a los usuarios, afectando la demanda. Además, puede reducir su competitividad frente a las plataformas online. Sin embargo, también puede incentivar la formalización del sector y fomentar estrategias de adaptación, como promociones o servicios personalizados, para mantener la competitividad en el canal físico, como ocurrió en las salas de tragamonedas.
¿Considera que la combinación del impuesto al consumo y el impuesto al GGR del 12 % constituye una carga fiscal excesiva? ¿Por qué?
Sí, esta carga fiscal es excesiva, porque reduce significativamente los márgenes de ganancia de los operadores, desincentiva la inversión y favorece la competencia desleal de plataformas ilegales. Además, los operadores podrían trasladar estos costos al consumidor, lo que afectaría la demanda. Esto podría frenar el crecimiento del sector y fomentar el juego no regulado y la informalidad.
¿Cree que el lenguaje del Decreto 1644 es claro respecto a la aplicación del impuesto para operadores nacionales e internacionales?
El lenguaje del decreto es claro para los operadores nacionales, especificando las obligaciones fiscales. Sin embargo, es menos claro en cuanto a la aplicación del impuesto a los operadores internacionales. Esto dificulta la fiscalización y control de plataformas extranjeras que operan en Perú; y por consiguiente una competencia desleal.
¿Existen casos similares en otros países con los que su empresa tenga experiencia o conocimiento? ¿Qué lecciones podrían aplicarse en Perú?
Contamos con experiencia de Colombia y Ecuador donde encontramos una industria más consolidada. Colombia destaca por su regulación clara, su modelo de imposición fiscal sobre el GGR y la fiscalización activa de plataformas extranjeras. Ecuador, aunque en fases más tempranas, muestra la importancia de crear un sistema fiscal efectivo y de formalización del sector.
En el Perú nos beneficiamos de estas experiencias, es por ello que creamos un modelo atractivo y rentable para nuestra marca de franquicias “Aciértala”, para ambos canales retail y online.
¿Qué tan complejo sería para su operación ajustar los sistemas y certificar plataformas para cumplir con este impuesto?
El ajuste de sistemas y la certificación de plataformas para cumplir con los impuestos en Perú no fue una labor sencilla. Implica ajustes tecnológicos sustanciales, inversiones en auditorías externas, y la necesidad de adaptarse a los sistemas fiscales. Sin embargo, el contar nosotros con una certificación de GLI, y un software aprobado por MINCETUR, nos permitió salir airosos del proceso de regulación.
¿Cómo cree que este impuesto afectará la experiencia de los jugadores? ¿Considera probable que los costos se trasladen a ellos?
El impuesto podría contribuir a una reducción en la oferta de productos y servicios disponibles. Si los operadores ajustan sus márgenes para afrontar los impuestos, podrían limitar la variedad de apuestas y juegos ofrecidos, afectando directamente la experiencia de los usuarios. Aunque es probable que haya algún ajuste de precios, el impacto sobre la experiencia del jugador no necesariamente será tan drástico. Dependiendo de cómo los operadores manejen los impuestos, podrían minimizar el impacto para los jugadores.
Desde su perspectiva, ¿podría esta medida incentivar un aumento en la actividad de operadores no regulados?
Es muy probable que la implementación de impuestos sobre el GGR y al consumo genere un desincentivo para los operadores regulados y favorezca el crecimiento de los no regulados. Estos operadores podrán competir de manera más agresiva al no enfrentar los mismos costos fiscales, ofreciendo precios más bajos y una mejor experiencia de usuario desde el punto de vista económico. Esto, a su vez, podría llevar a que más jugadores se desplacen hacia plataformas no reguladas, afectando la competencia leal y la sostenibilidad del mercado regulado.
¿Qué sugerencias haría para modificar el Decreto Legislativo 1644 y hacerlo más equilibrado para operadores, jugadores y el Estado?
Reducir el impuesto al GGR y revisar el 1 %. Implementar un sistema escalonado de impuestos para apoyar a los operadores pequeños y nacionales, además de crear incentivos fiscales para estos, fomentando la inversión local. Se debería fortalecer la fiscalización de plataformas no reguladas, tanto nacionales como internacionales, con herramientas de pago transfronterizo, y garantizar la protección del jugador mediante medidas de juego responsable. También, promover la transparencia en el uso de los impuestos recaudados, y realizar revisiones periódicas para ajustar las tasas si es necesario. Estas medidas permitirían un mercado más competitivo, seguro y justo para jugadores, operadores y el Estado.
