El gobierno de Nueva Zelanda publicó oficialmente el viernes la normativa detallada que regulará el funcionamiento de los casinos en línea en el país, en el marco de la implementación de la Ley de Juegos de Azar en Casinos Online de 2026. El reglamento, emitido mediante un Decreto del Consejo a propuesta del ministro del interior, entrará en vigor el 3 de julio de 2026, fecha que coincide con el inicio del nuevo proceso competitivo de concesión de licencias para operadores privados.
Con la publicación de estas disposiciones, el país avanza hacia la creación de un mercado regulado de juego online, en el que un máximo de 15 operadores podrán acceder a una licencia mediante un proceso competitivo.
Protección al jugador como eje central del nuevo marco
Las obligaciones de juego responsable ocupan un lugar central en la normativa. Los operadores deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de establecer límites diarios, semanales o mensuales sobre el tiempo de juego, los depósitos y el gasto total. La configuración de estos límites será obligatoria al momento de crear la cuenta y deberá solicitarse de forma periódica, con una frecuencia mensual como mínimo. Cualquier solicitud de aumento o eliminación de límites estará sujeta a un período de espera obligatorio de 24 horas.
Identificación, pagos y transparencia en Nueva Zelanda
La normativa establece requisitos de verificación de identidad previos a la activación de cualquier cuenta. Los clientes deberán acreditar su nombre completo, fecha de nacimiento y mayoría de edad —establecida en 18 años— antes de comenzar a operar. Los operadores también deberán verificar si el solicitante figura en registros de exclusiones previas o si ya cuenta con una cuenta activa en la misma plataforma.
Los métodos de pago están estrictamente regulados. Los productos de crédito, incluidas las tarjetas de crédito y ciertos medios de pago vinculados a juego presencial, quedan prohibidos. Cada cliente podrá registrar un único método de depósito y una sola cuenta por plataforma, con un período de bloqueo de 24 horas para cualquier cambio en el método de depósito. Los retiros, en cambio, podrán realizarse mediante un método distinto al de depósito.
En cuanto a la transparencia, los operadores deberán garantizar que los clientes tengan acceso claro a las reglas de cada juego, y conservar los registros de cumplimiento y de historial de clientes durante toda la relación comercial más un período adicional de siete años.
Publicidad bajo estrictas restricciones
El capítulo publicitario introduce algunas de las limitaciones más amplias contempladas en la normativa. Los anuncios de casinos en línea no podrán aparecer en las portadas de publicaciones impresas ni en el transporte público. Asimismo, quedan prohibidos durante las transmisiones en directo de eventos y en los 30 minutos previos y posteriores a las mismas.
La normativa prohíbe expresamente los patrocinios y promociones de tipo respaldo, el marketing de afiliados, la publicidad de inducción salvo bajo controles muy estrictos, los anuncios que fomenten el juego impulsivo, la publicidad personalizada orientada a incrementar el gasto y cualquier referencia cruzada a otras modalidades de juego.
Los anuncios no podrán dirigirse a menores de 18 años ni publicarse en medios donde más del 20% de la audiencia esté compuesta por ese grupo etario.
Restricciones de producto y obligaciones financieras
En lo que respecta al diseño de los productos, los operadores no podrán permitir que los clientes jueguen a más de una tragamonedas en línea de forma simultánea, y las funciones de reproducción automática quedan expresamente prohibidas. Los botes progresivos en red estarán limitados a plataformas con licencia, con excepción de los juegos de póker entre jugadores humanos. Los elementos de diseño que promuevan el juego excesivo o impulsivo también estarán vedados.
Los operadores deberán presentar informes trimestrales y anuales con métricas detalladas sobre la actividad de los jugadores, el uso de la plataforma y las ganancias. Ante cualquier incidente grave, dispondrán de un plazo máximo de cinco días hábiles para notificar a la secretaría competente.
Un proceso de licencias que ya genera interés
La normativa publicada establece el punto de partida formal para el proceso de obtención de licencias. El procedimiento comenzará con una manifestación de interés, para la que se deberá abonar una tasa de $19,000, seguida de una subasta de licencias y una solicitud detallada. La ley habilita la emisión de hasta 15 licencias a operadores cualificados a través de un proceso competitivo.
El interés del sector privado ya es visible.
