Nuevamente Perú es modelo de regulación, esta vez transformando radicalmente el panorama del juego digital.
Perú ha dejado de ser solo un mercado emergente para consolidarse como un terreno fértil para la evolución de las apuestas deportivas en América Latina, normalizándose a tal punto que hoy forma parte del paisaje urbano y digital del país, desde anuncios en las principales avenidas hasta accesos directos en nuestros teléfonos móviles.
Esta creciente presencia impulsó la necesidad de establecer una regulación sólida, y el año 2024 representó un punto de inflexión: con la entrada en vigor de un marco legal integral para el juego en línea, el país se posicionó como un modelo de referencia en América Latina en materia de legislación del sector.
La entrada en vigor de la Ley n.° 31557 y su reglamento transformó un entorno, hasta entonces, impreciso en uno sujeto a control: operadores fiscalizados, jugadores protegidos y un Estado con nuevos mecanismos de recaudación.
Esta transición no ha sido nada fácil. Las demandas tecnológicas, ajustes en la operación y nuevos compromisos legales han obligado a todos los actores a repensar su rol. En estos días, el verdadero reto se presenta en la operacionalización de la norma.
El mercado digital avanza con tal dinamismo que desborda la capacidad de respuesta de los entes reguladores. Los operadores enfrentan exigencias como certificaciones internacionales, sistemas de trazabilidad y políticas activas de juego responsable. En paralelo, los jugadores atraviesan un momento de reeducación: adaptarse a plataformas formales mientras aún circulan opciones ilegales a solo un clic.
MARCO LEGAL
El escenario de la ilegalidad tuvo un cambio drástico con la promulgación de la Ley N.° 31557 en 2022, y su posterior perfeccionamiento mediante la Ley N.° 31806 en 2023. Ambas normativas, complementadas por el Decreto Supremo N.° 005-2023-MINCETUR, dieron forma a un esquema regulatorio integral que ha convertido al Perú en un referente latinoamericano en materia de legalización del juego digital. Es decir, con ello, ningún operador puede ofrecer servicios online sin una licencia formal, y se exige el cumplimiento de rigurosos requisitos técnicos, controles antifraude, validación de identidad de los jugadores y conexión permanente a un sistema estatal de monitoreo en tiempo real.
Uno de los pilares, en el aspecto fiscal, de este nuevo ecosistema es el impuesto del 12% sobre la utilidad neta, acompañado de un pago anual por derecho de operación. Estos ingresos no solo van a las arcas del Estado, sino que están destinados a propósitos sociales estratégicos como la salud mental, el deporte nacional y el impulso del turismo, generando un círculo virtuoso entre entretenimiento, regulación y desarrollo.
La norma también impone que todas las plataformas estén respaldadas por software homologado por laboratorios certificados, que apliquen políticas estrictas contra el lavado de dinero y que ofrezcan herramientas efectivas de juego responsable.
Así, Perú no solo ha legalizado el juego online, sino que lo ha profesionalizado, exigiendo estándares que lo alinean con las mejores prácticas globales. Según estimaciones oficiales, esta estructura permitirá recaudar más de 160 millones de soles anuales, consolidando a la industria del juego como una nueva fuente de ingresos no tributarios para el país.
DESAFÍOS TECNOLÓGICOS Y OPERATIVOS EN PERÚ
El tema tecnológico también significó un gran reto para los operadores, proveedores y reguladores, ya que la nueva normativa exige a todas las plataformas digitales una adaptación integral de sus sistemas, procesos y estructuras tecnológicas para cumplir con estándares internacionales. Uno de los principales desafíos ha sido la homologación de plataformas ante laboratorios certificados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Cada sitio web o aplicación debe pasar por pruebas de seguridad, trazabilidad, aleatoriedad de resultados, mecanismos de bloqueo de menores de edad y verificación en tiempo real de transacciones. Incluso, aquellos operadores que venían funcionando bajo modelos informales han debido reconstruir buena parte de su backend tecnológico para poder ingresar al nuevo mercado formal.
Además, el reglamento establece que todas las plataformas deben estar interconectadas con un sistema de control centralizado del Estado, lo que implica una transmisión constante de datos en tiempo real. Este mecanismo, similar al que usan países como Colombia o España, permite que la autoridad supervise de forma automatizada la actividad del operador: número de apuestas, montos jugados, premios entregados, impuestos generados.
El protocolo KYC (Know Your Customer) también ha sido una barrera de entrada para varios operadores. El sistema exige que cada jugador valide su identidad con documentación oficial, validación biométrica y cruce de datos con bases nacionales.
Si bien esto fortalece la lucha contra el fraude, el lavado de activos y la suplantación, también ha generado un poco de fricción en la experiencia del usuario y ha obligado a las casas de apuestas a invertir en soluciones de onboarding más ágiles y automatizadas; es decir, que el proceso en línea ofrezca una grata experiencia para los jugadores.
Por otro lado, desde el punto de vista regulador, el Estado enfrenta el reto de fiscalizar un sector que se mueve a la velocidad del clic, las 24 horas del día, con operaciones que fluyen en miles por minuto.
En tal sentido, el MINCETUR ha tenido que reforzar sus capacidades técnicas, ampliar su equipo de inspectores digitales y establecer protocolos de inspección remota y auditorías tecnológicas, un terreno aún en construcción.
“No se trata solo de pagar impuestos, sino de tener la estructura operativa y la cultura de cumplimiento para sostenerse dentro de la legalidad. Y eso no se improvisa”, comentó el presidente de Sonaja, Fernando Calderón.
IMPACTO POSITIVO
La entrada en vigor del nuevo marco regulatorio ha generado un gran cambio en el juego. De acuerdo al Mincetur, entre diciembre de 2023 y abril de 2024, se abrieron unas 683 nuevas salas físicas de apuestas, lo que elevó el número total a más de 4500 locales en todo el país. Sin dejar de lado a los jugadores, los efectos también han sido significativos. En primer lugar, la regulación elevó su seguridad en la experiencia del juego. Por ejemplo, ahora tienen acceso a sitios verificados, con garantías de premios, sistemas de atención al cliente y mecanismos efectivos de control del juego problemático. Asimismo, las plataformas autorizadas deben implementar herramientas como la autoexclusión voluntaria, límites de apuestas y la verificación de edad, medidas que antes eran inexistentes.
Más allá de cambiar normas, este nuevo marco ha transformado la dinámica del sector: ha definido con claridad quiénes pueden operar, cómo deben hacerlo y bajo qué condiciones. El cumplimiento deja de ser opcional y el jugador pasa a ocupar el centro del sistema como usuario protegido.
Perú no solo protege mejor a los usuarios, sino que también sienta un precedente para la región en términos de responsabilidad, transparencia y desarrollo sostenible de la industria.
