La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó ayer el Proyecto de la Cámara 875, estableciendo un marco punitivo significativamente más severo para combatir la proliferación de casinos que operan sin licencia. La nueva legislación de Puerto Rico representa un cambio drástico en la estrategia gubernamental para proteger la industria regulada y los ingresos fiscales.
El representante José Aponte Hernández, autor del proyecto, explicó que la legislación busca prevenir la proliferación de establecimientos ilegales y combatir el juego problemático que afecta a comunidades puertorriqueñas.
Nuevas sanciones: multas y prisión
La norma aprobada establece un sistema escalonado de sanciones diseñado para disuadir efectivamente la operación ilegal de casinos:
- Primera infracción: Los operadores de casinos clandestinos en Puerto Rico enfrentarán una multa fija de $15,000 o reclusión por un término mínimo de un año. Esta sanción inicial busca enviar un mensaje claro de que Puerto Rico no tolerará actividades de juego sin autorización.
- Reincidencia: Las convicciones posteriores en Puerto Rico serán sancionadas con multas de $25,000 o reclusión hasta por tres años, o ambas a discreción del tribunal. Este endurecimiento progresivo pretende eliminar definitivamente a operadores persistentes que desafían la ley puertorriqueña.
Distribución de ingresos: beneficios múltiples
Según la legislación vigente, los primeros $12 millones recaudados por el pago de licencias y las operaciones de las máquinas de juegos de azar se destinan al Fondo General del Gobierno. Una vez alcanzada esa cantidad en Puerto Rico, los recaudos posteriores se distribuirán estratégicamente:
- 55% al Fideicomiso del Retiro de la Policía de Puerto Rico
- 40% para los municipios puertorriqueños
- 5% para cubrir los gastos operacionales de la Comisión
«Nos encontramos muy cerca de alcanzar los $12 millones de dólares, lo que permitirá comenzar a inyectar el fondo del Retiro de la Policía», continuó el director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico.
Plan de fiscalización ampliado
El funcionario de Puerto Rico reveló que, junto a la Policía y el Departamento de Hacienda, delinearon un plan para ampliar la fiscalización y llegar a más establecimientos en los próximos días.
«Sin duda estamos viendo una buena respuesta por parte de la mayoría de los operadores. Sin embargo, aquellos que no están cumpliendo con su deber fiscal deben de saber que la comisión no escatimará en invertir recursos para hacerlos cumplir», advirtió Santaella Marchán.
Colaboración ciudadana
La Comisión de Juegos de Puerto Rico exhortó a la ciudadanía puertorriqueña a colaborar de forma confidencial a través de su página web, reportando comercios en incumplimiento.
«Esta cooperación es vital para agilizar el proceso y garantizar que los fondos del retiro de nuestra Policía lleguen a su destino con la mayor prontitud posible», enfatizó el director ejecutivo en Puerto Rico.
Este llamado a la participación ciudadana en Puerto Rico refleja un enfoque integral que combina aplicación de la ley con vigilancia comunitaria para erradicar el juego ilegal.
Proyecciones
Si Puerto Rico mantiene el ritmo actual de fiscalización y alcanza los $12 millones antes de fin de año, el Fideicomiso del Retiro de la Policía comenzaría a recibir inyecciones de capital significativas en 2026.
Esto no solo beneficiaría a los agentes del orden en Puerto Rico, sino que también mejoraría la capacidad de la Policía puertorriqueña para combatir precisamente las actividades ilegales que generan los fondos.
La aprobación del Proyecto 875 marca un punto de inflexión en la batalla contra los casinos clandestinos, combinando herramientas punitivas más fuertes con un sistema de incentivos fiscales que beneficia directamente a instituciones clave de seguridad pública puertorriqueña.
