El Reino Unido está transformando su enfoque sobre las criptomonedas. Después de años de regulación limitada centrada principalmente en prevenir el lavado de dinero, el país se prepara para integrar completamente los activos digitales en su sistema financiero regulado.
El Tesoro del Reino Unido (HM Treasury) presentó en diciembre de 2025 ante el Parlamento las Regulaciones de Activos Criptográficos de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, con una fecha límite de implementación fijada para octubre de 2027.
Este marco legal autoriza formalmente actividades que hasta ahora operaban en una zona gris regulatoria: plataformas de intercambio, servicios de custodia, staking y préstamos en criptomonedas. La ministra Rachel Reeves explicó que el objetivo es dar certeza a las empresas para que inviertan e innoven, protegiendo simultáneamente a millones de consumidores británicos.
Del registro básico a la supervisión completa de criptomonedas en el Reino Unido
Hasta finales de 2025, las empresas de criptoactivos en el Reino Unido solo necesitaban cumplir con normas contra el lavado de dinero para operar. Aproximadamente 50 compañías estaban registradas ante la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), aunque muchas solicitudes fueron rechazadas por deficiencias en gobernanza y controles de riesgo.
Este sistema fragmentado no abordaba aspectos cruciales como protección al consumidor, requisitos de capital o supervisión de mercado. El nuevo régimen cambia radicalmente esta situación al situar a las criptomonedas bajo el mismo paraguas regulatorio que bancos y casas de bolsa tradicionales.
Las actividades reguladas incluirán operar plataformas de trading, negociar como intermediario o por cuenta propia, organizar transacciones, proporcionar custodia y ciertos servicios de préstamos y staking. Esta expansión busca cerrar lagunas legales que podrían ser explotadas por actores maliciosos.
Tres pilares de supervisión
La FCA publicó el 16 de diciembre de 2025 tres documentos de consulta que detallan el enfoque regulatorio propuesto. Las empresas e interesados tienen hasta el 12 de febrero de 2026 para presentar comentarios, y se esperan las reglas definitivas a finales de ese año.
El primer documento establece requisitos operativos para plataformas de trading y brókeres, incluyendo controles obligatorios para servicios de staking y actividades relacionadas con finanzas descentralizadas. El segundo exige que los emisores de tokens proporcionen transparencia sobre sus proyectos e introduce un Régimen de Abuso de Mercado para combatir el uso de información privilegiada y la manipulación de precios.
El tercer pilar establece requisitos prudenciales de capital y liquidez. Las empresas deberán mantener reservas suficientes para proteger a los usuarios y garantizar la estabilidad del sistema en caso de quiebra empresarial, similar a lo que se exige a instituciones financieras tradicionales.
Criptomonedas y política bajo escrutinio
Paralelamente a la regulación financiera, el gobierno británico lanzó en diciembre de 2025 una revisión independiente sobre interferencia financiera extranjera que incluye evaluar las donaciones políticas en criptomonedas. Actualmente, estas contribuciones no están prohibidas, pero generan preocupación por la dificultad de rastrear su origen.
La Comisión Electoral del Reino Unido trata las donaciones en criptoactivos como cualquier otra, siempre que exista información suficiente para verificar su admisibilidad y valor. Sin embargo, funcionarios gubernamentales han expresado inquietud sobre las billeteras pseudónimas que pueden ocultar la procedencia de los fondos.
La revisión presentará un informe antes de marzo de 2026 y podría recomendar restricciones a estas donaciones. Cualquier cambio requeriría nueva legislación primaria aprobada por el Parlamento. Esta iniciativa refleja un esfuerzo más amplio por garantizar la integridad del proceso democrático británico frente a posibles influencias extranjeras no detectadas.
El Reino Unido se posiciona así como uno de los países que busca equilibrar innovación financiera con protección robusta de consumidores e instituciones.
