La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha anunciado planes para fortalecer las regulaciones relacionadas con las criptomonedas hacia 2026.
El esfuerzo contará con la colaboración del Tesoro, el Banco de Inglaterra y la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC). El objetivo es crear un marco sólido que aborde el abuso de mercado y regule plataformas de comercio, servicios de préstamos y stablecoins dentro del ecosistema cripto.
Consultas sobre regulación de criptomonedas a fines de 2024
En un informe de Bloomberg, la FCA confirmó que iniciará consultas y discusiones a finales de 2024. Estas acciones buscan mantener al Reino Unido competitivo frente a mercados como Estados Unidos y Hong Kong, que lideran en la regulación y adopción de criptomonedas.
Según el organismo, se han recopilado aportes de más de 100 organizaciones de criptomonedas y finanzas tradicionales, incluidas plataformas de intercambio, bancos, empresas de análisis blockchain y otras entidades regulatorias.
FCA destaca importancia de detener el abuso de mercado en cripto
La FCA destacó la importancia de detener el abuso de mercado, con declaraciones de Mark Long, su director ejecutivo.
Long enfatizó que la prevención del abuso es fundamental para el buen funcionamiento de los mercados financieros y para que los inversores tomen decisiones informadas.
Esta estrategia también busca mejorar la confianza en el mercado de criptomonedas, un sector que ha enfrentado desafíos debido a enfoques estrictos, como el de la SEC, que en 2023 inició 46 acciones de cumplimiento, afectando a empresas como Binance y Bittrex.
Interés por criptomonedas crece rápidamente en el Reino Unido
Por otro lado, el interés por las criptomonedas en el Reino Unido está creciendo rápidamente. Según datos de la FCA, el 12 % de los adultos en el Reino Unido poseen criptomonedas, un aumento del 10 % en comparación con cifras anteriores.
Además, el conocimiento general sobre criptomonedas ha crecido del 91 % al 93 %, reflejando una adopción cada vez más amplia. Este contexto refuerza la necesidad de un marco regulatorio robusto para proteger tanto a los inversores como a los mercados.
