República Dominicana atraviesa un momento de transformación en su política hacia la industria del juego. En paralelo a la aprobación legislativa de un proyecto que busca regular de forma integral los juegos de azar, la promulgación de la Ley 30-26 encendió el debate sobre el impacto que un aumento significativo de la carga tributaria puede tener sobre un sector que aún no ha completado su proceso de formalización.
La Ley 30-26 y su impacto sobre casinos y bancas de apuestas en República Dominicana
La Ley 30-26, promulgada por el presidente Luis Abinader tras su aprobación en el Congreso Nacional, forma parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la estabilidad económica y mitigar los efectos de la crisis internacional. La nueva legislación busca generar alrededor de 50.000 millones de pesos dominicanos —aproximadamente 855 millones de dólares— en ingresos adicionales para el Presupuesto General del Estado, mediante el incremento de la carga tributaria en distintos sectores económicos, entre ellos casinos y bancas de apuestas.
La norma contempla alzas de hasta 243% en algunos impuestos, lo que ha generado preocupación en la industria. La abogada especializada en cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos Laritza Ferreiras Fernández advirtió que, si bien el Estado tiene plena facultad para implementar políticas tributarias que fortalezcan los ingresos públicos, resulta necesario analizar cómo un aumento de esta magnitud puede incidir en un sector que aún enfrenta retos importantes en materia de regularización.
El riesgo de que la presión fiscal impulse la informalidad
El análisis de Ferreiras, publicado en el medio El Dinero, apunta a un efecto no deseado que los reformadores tributarios deben considerar: la posible reversión de avances en formalización. «Uno de los principales riesgos es que una mayor carga fiscal incentive la permanencia o el retorno a la informalidad de operadores que todavía no han completado su proceso de adecuación a las exigencias regulatorias vigentes», señaló la especialista.
La abogada reconoció el trabajo desarrollado por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda para fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de la industria. Entre las iniciativas destacadas figura la implementación de la Resolución 217-2025, que establece requisitos obligatorios de idoneidad y capacitación certificada, así como la futura alianza con la Florida International Bankers Association (FIBA) para desarrollar un programa de certificación en antilavado de dinero adaptado al mercado dominicano.
Ferreiras planteó que cualquier incremento de la carga tributaria debería aplicarse de forma gradual y escalonada, permitiendo que las empresas se adapten a las nuevas obligaciones sin comprometer la estabilidad del sector ni los procesos de adecuación regulatoria en marcha. «Cualquier reforma tributaria debería considerar este contexto y procurar un equilibrio entre los objetivos recaudatorios y la sostenibilidad de las empresas que están realizando inversiones para adecuarse a las exigencias legales», expresó.
El lavado de activos, una variable que no puede ignorarse
La especialista recordó que la industria de juegos de azar es considerada internacionalmente una actividad con alta exposición a riesgos de lavado de activos, razón por la cual la formalización y el fortalecimiento de los controles deben mantenerse entre las prioridades del sector y de las autoridades. En ese escenario, una mayor presión tributaria que desincentive la formalización no solo podría reducir la recaudación en el mediano plazo, sino también debilitar los mecanismos de prevención de delitos financieros promovidos por las autoridades.
Este argumento adquiere mayor peso ante la escala del mercado. Según datos oficiales de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, existen más de 71.000 bancas de lotería y de apuestas deportivas registradas en el territorio dominicano, una cifra que ilustra tanto el dinamismo del sector como los desafíos que implica su supervisión efectiva.
El Senado avanza en una regulación integral del juego
En ese contexto, el Pleno del Senado aprobó en primera lectura un proyecto de ley que busca establecer normas para la autorización, fiscalización y supervisión de personas físicas o jurídicas que desarrollen, operen o comercialicen actividades relacionadas con todo tipo de juegos de azar o apuestas en el territorio nacional, incluyendo las loterías.
La iniciativa fue presentada por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, y el senador Félix Ramón Bautista Rosario. Entre sus disposiciones, el proyecto incorpora mecanismos robustos de verificación de identidad para prevenir la participación de menores de edad en plataformas de apuestas en línea, así como normas estrictas en materia de publicidad dirigida a ese segmento de la población.
La combinación de una reforma fiscal de alto impacto y un nuevo marco regulatorio integral coloca a República Dominicana en un punto de inflexión. Los próximos pasos legislativos y la forma en que el gobierno calibre la implementación de la Ley 30-26 determinarán si el país logra avanzar simultáneamente en recaudación y formalización, o si la presión tributaria termina por erosionar los avances alcanzados en materia de cumplimiento normativo.
