La fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, demandó el martes a cinco negocios del condado de Dunklin por operar máquinas de juego no autorizado en sus instalaciones. Las empresas señaladas son Discount Spirits and Tobacco, Kennett Liquor and Tobacco y Laura’s Mini Mart, ubicadas en la ciudad de Kennett; y Dixie Package y Swindle’s Quick Shop, en Malden.
Según la acusación, los cinco establecimientos violan las leyes de protección al consumidor de Missouri al permitir que sus clientes usen máquinas y juegos no regulados para apostar. En paralelo, el fiscal del condado de Dunklin, Nicholas Jain, presentó cargos penales contra las mismas empresas.
«Cuando los comercios minoristas ignoran o facilitan el juego ilegal, no solo ignoran la ley, sino que ponen en riesgo a nuestras comunidades», declaró Hanaway. «Mi oficina exigirá cuentas a cualquier negocio que se beneficie de actividades ilegales».
Una promesa que se convierte en acción dentro de Missouri
Las demandas son la primera consecuencia concreta de los compromisos que Hanaway asumió la semana pasada ante el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Missouri. En esa sesión, la fiscal se comprometió a eliminar los llamados juegos de azar del «mercado gris» —máquinas instaladas en bares, restaurantes y tiendas de conveniencia sin licencia ni regulación— de todo el estado.
Hanaway también reveló ante el comité que su oficina colabora en una investigación federal sobre estas máquinas, que involucra presuntos casos de lavado de dinero y operaciones bancarias irregulares.
Un giro en Missouri frente al pasado
Las acciones de Hanaway marcan una ruptura clara con las del fiscal general anterior, Andrew Bailey. En su gestión, Bailey retiró a la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri de una demanda iniciada contra Torch Electronics, empresa operadora de juegos del mercado gris con sede en Wildwood, después de que un comité de acción política (PAC) financiado por esa misma compañía realizara donaciones a su campaña electoral.
Una industria que lleva años en el limbo legal
Desde hace casi una década, los operadores de estas máquinas argumentan que sus equipos no son dispositivos de juego y, por lo tanto, son legales en Missouri. Ese argumento ha frenado en repetidas ocasiones los intentos de procesarlos: la mayoría de los fiscales locales se negaron a presentar cargos en los casos investigados por la Patrulla Estatal de Carreteras.
El balance judicial hasta ahora es escueto. Solo una condena por delito grave se ha obtenido en todo Missouri. Un caso de delito menor contra el propietario de una tienda del condado de Franklin, abierto en noviembre de 2020, sigue sin resolverse.
Sin embargo, en octubre pasado, un jurado federal determinó que las máquinas de Torch Electronics sí cumplen con la definición estatal de dispositivos de juego ilegales. Ese mismo mes, la empresa perdió otro juicio en el que buscaba revocar la prohibición impuesta por la ciudad de Springfield sobre las terminales de videolotería.
Sanciones civiles y debate legislativo en Missouri
Hanaway solicita sanciones civiles contra los establecimientos implicados, además de una orden judicial permanente que les prohíba ofrecer servicios de juego. La ley no establece un monto fijo por infracción, aunque en Missouri las violaciones a la ley de protección al consumidor pueden acarrear multas de hasta $1,000 por cada acto ilegal documentado.
Las demandas llegan en un momento de intensa discusión legislativa. La Cámara de Representantes de Missouri debate actualmente un proyecto de ley que autorizaría a la Lotería del estado a licenciar y gravar estas máquinas, conocidas como terminales de videolotería (VLT por sus siglas en inglés). Una propuesta similar fue aprobada por la Cámara el año pasado, pero naufragó en el Senado. Esta semana, los líderes republicanos del Senado pusieron en duda su viabilidad en la sesión legislativa en curso.
