España formalizó esta semana su hoja de ruta en materia de juego responsable para la próxima década. La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) presentó ante el Consejo Asesor de Juego Seguro la versión definitiva del Programa de Juego Seguro 2026-2030, un documento estratégico que redefine las prioridades del Estado en la protección de los jugadores y marca un punto de inflexión en el enfoque regulatorio español: el abandono del concepto de «juego responsable» en favor de un modelo más exigente denominado «juego seguro».
La reunión tuvo lugar en la sede de la DGOJ en Madrid, bajo la presidencia de Mikel Arana, director general de Ordenación del Juego. Participaron representantes de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, junto a profesionales de instituciones científicas, sanitarias y académicas especializadas en trastornos del juego, y representantes del sector operador.
De «juego responsable» a «juego seguro» en España
El cambio de concepto no es menor. Tras las reformas legislativas derivadas de la Ley 13/2011 de Regulación del Juego, y en particular los avances regulatorios de 2020 y 2023, España adoptó un enfoque en el que el eje de las políticas públicas ya no es la industria ni la gestión del riesgo desde el operador, sino la protección de la persona consumidora.
El concepto de «juego seguro» implica una intervención más activa del Estado: no se trata solo de informar al jugador sobre los riesgos, sino de diseñar entornos, mecanismos y controles que reduzcan estructuralmente la posibilidad de daño, con especial atención a los colectivos vulnerables y a los participantes jóvenes. En términos regulatorios, este giro sitúa a España en la línea de los marcos más avanzados de la Unión Europea en materia de protección al jugador.
Tres prioridades, seis objetivos y 24 medidas concretas
El programa se articula en torno a tres ejes prioritarios. El primero es el análisis y diagnóstico, que contempla el desarrollo de herramientas de investigación y seguimiento del fenómeno del juego en España, con base en evidencia científica. El segundo es la prevención y promoción del juego seguro, orientado a reducir la incidencia de conductas de riesgo antes de que deriven en trastornos clínicos. El tercero es la protección al participante, con medidas dirigidas a reforzar los mecanismos de control disponibles para los propios jugadores y para las autoridades.
Sobre esos tres pilares se desarrollan seis objetivos generales y 24 medidas específicas que la DGOJ considera prioritarias para el período 2026-2030. El programa tiene carácter plurianual y contempla una planificación temporal progresiva que permitirá desplegar las actuaciones por fases y evaluar su impacto a lo largo de la vigencia del documento.
Un elemento relevante desde el punto de vista institucional es su diseño flexible: el programa podrá ser actualizado en función de la evolución del sector, los avances tecnológicos y el conocimiento científico disponible. La DGOJ podrá incorporar o ajustar medidas, siempre previa consulta al Consejo Asesor.
El rol de la ciencia en el diseño de políticas públicas
Una de las novedades más significativas del programa es la incorporación formal de una sección científica dentro de su estructura operativa. Este órgano, integrado por profesionales del ámbito académico, sanitario y de la investigación especializados en trastornos relacionados con el juego, tendrá participación directa en el desarrollo de determinadas actuaciones previstas en el programa.
La medida busca cerrar la brecha que históricamente ha existido entre la evidencia generada por la investigación clínica y las decisiones de política pública en materia de juego. En la práctica, supone que las medidas de prevención y protección que se diseñen durante los próximos cinco años deberán tener respaldo empírico y no solo criterio administrativo.
Durante la reunión también se informó sobre el estado de las subvenciones para investigación en prevención de trastornos del juego correspondientes a la convocatoria de 2025, lo que refuerza la continuidad de la apuesta española por financiar conocimiento científico aplicado al sector.
El desafío digital, en el centro de la agenda de España
La sesión del Consejo Asesor también abordó los retos específicos del entorno digital, que en los últimos años ha transformado radicalmente la forma en que los españoles acceden al juego. La proliferación de plataformas en línea, la personalización algorítmica de las ofertas comerciales y la disponibilidad permanente del juego desde dispositivos móviles plantean desafíos que las herramientas regulatorias tradicionales no estaban diseñadas para afrontar.
El Programa de Juego Seguro 2026-2030 se configura, en este sentido, como un instrumento pensado para adaptarse a un entorno en constante cambio tecnológico, con capacidad de incorporar nuevas medidas a medida que emerjan nuevas modalidades de juego o nuevos patrones de riesgo.
