En Brasil, la posible restricción al mercado de apuestas de cuota fija está tomando forma en las oficinas políticas del Palacio del Planalto, no en el organismo técnico encargado de supervisar la actividad. Según reveló este viernes 18 de septiembre el periodista Vinícius Valfré en el diario Estadão, el diseño de una medida provisional contra el sector avanza bajo la conducción del núcleo político del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, con una intervención acotada de los funcionarios de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF), el organismo que regula y fiscaliza el mercado legal de apuestas en el país.
Esta dinámica marca un contraste notable: el sector que sería directamente afectado por la medida no está entre los principales actores que la están redactando.
Quiénes están detrás del diseño de la medida
De acuerdo con la investigación de Estadão, las conversaciones son encabezadas por el titular de la Secretaría de Comunicación Social (Secom), Sidônio Palmeira, ex asesor de imagen de Lula. Junto a él, participan de manera directa en el diseño de la propuesta:
- Miriam Belchior, ministra de la Casa Civil de la Presidencia de la República.
- José Guimarães, ministro de la Secretaría de Relaciones Institucionales (SRI).
- Guilherme Boulos, ministro de la Secretaría General de la Presidencia.
El abogado general de la Unión, Jorge Messias, también tomó parte de las reuniones en un momento en que el gobierno analizaba una vía alternativa: presentar una acción directa de inconstitucionalidad (ADI) ante el Poder Judicial para frenar al sector. Esa opción, sin embargo, perdió peso dentro de las discusiones y quedó descartada por ahora.
La estrategia electoral detrás del momento elegido
El camino que gana terreno dentro del gobierno es la emisión de una medida provisional en las semanas cercanas a la primera vuelta electoral. Según las fuentes consultadas por Estadão que participaron de las reuniones, distintos integrantes del oficialismo ven en esta medida una oportunidad para reforzar públicamente un mensaje de protección de los ingresos familiares.
El reportaje agrega que, para parte del gobierno, la iniciativa podría generar un efecto electoral favorable, particularmente entre los votantes evangélicos. No obstante, una encuesta realizada por More in Common Brazil e Ipsos-Ipec puso en duda ese cálculo político, al concluir que la postura sobre las apuestas no sería un factor determinante a la hora de votar.
Esta no es la primera vez que trasciende la posibilidad de una medida de este tipo: UOL ya había reportado la hipótesis la noche del miércoles 16 de septiembre, señalando que podría incluir incluso la prohibición de los casinos online y las apuestas deportivas. Un día después, el canal SBT informó que Lula planea revisar personalmente las propuestas para el sector apenas regrese de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Los técnicos del regulador, al margen de la mesa de decisión
Uno de los datos centrales del reportaje de Estadão es que la SPA queda fuera de las articulaciones que conduce el núcleo político del gobierno. Los técnicos del organismo —vinculado al Ministerio de Hacienda y encargado de regular y fiscalizar el mercado legal— no habrían sido consultados de forma directa por el grupo que discute la medida provisional.
Bajo condición de anonimato, integrantes del área técnica manifestaron ante el diario su preocupación por dos aspectos: consideran que el modelo regulatorio brasileño debería reforzarse antes que ser sustituido por una prohibición amplia, y advierten que una restricción generalizada podría empujar a una parte de los apostadores hacia plataformas ilegales que operan fuera de las normas del país.
La postura del ministro de Hacienda y el impacto fiscal en juego
Dario Durigan, actual ministro de Hacienda, se ubica en una posición intermedia dentro del debate: respalda endurecer las restricciones sobre el mercado de apuestas, pero se opone a una prohibición total del sector. Su postura no es solo regulatoria, sino también fiscal.
El propio reportaje de Estadão recuerda que una caída pronunciada en la facturación de las empresas licenciadas repercutiría directamente en la recaudación federal. Solo en 2025, el sector aportó 9.950 millones de reales en impuestos al Estado brasileño, una cifra que equivale a aproximadamente US$1.950 millones al tipo de cambio de referencia de alrededor de 5,1 reales por dólar vigente a mediados de 2026.
Una ofensiva regulatoria que convive con otra bandera de campaña
La discusión sobre las apuestas no ocurre en el vacío político. El mismo jueves 17 de septiembre, un día antes de que se conociera el detalle de las conversaciones sobre la medida provisional, Lula anunció un incremento del 15% en el Bolsa Família, uno de los principales programas de transferencia de ingresos del gobierno brasileño y una de las banderas señaladas por el reportaje en el contexto de la campaña electoral.
