El Royal Ascot es mucho más que una cita hípica. Durante cinco días, el evento concentró a cientos de miles de visitantes y generó uno de los mayores volúmenes de apuestas del calendario británico, con participación de usuarios del Reino Unido y de todo el mundo. La edición 2026, celebrada del 16 al 20 de junio, fue también el escenario elegido por el Betting and Gaming Council (BGC) para lanzar una nueva advertencia sobre el crecimiento del mercado ilegal de apuestas.
Según las estimaciones del organismo, los operadores sin licencia podrían haber captado alrededor de 40 millones de libras esterlinas —equivalentes a aproximadamente $51 millones— en apuestas durante el torneo. La cifra, proyectada sobre un solo evento de cinco días, ilustra la escala del problema que el BGC lleva tiempo denunciando ante legisladores y reguladores.
Un mercado negro que crece mientras el sector regulado enfrenta nuevas cargas
La advertencia del BGC no es aislada: se enmarcó en una campaña sostenida del organismo para que las decisiones de política regulatoria tengan en cuenta el impacto sobre la competitividad del sector con licencia. En particular, el BGC señaló el reciente aumento del impuesto sobre el juego y la posible introducción de controles de solvencia como medidas que podrían erosionar la posición competitiva de los operadores autorizados y empujar a una parte de los consumidores hacia plataformas sin regulación.
El organismo sostuvo que algunas medidas regulatorias recientes podrían afectar la competitividad de los operadores autorizados y favorecer el crecimiento de la oferta ilegal si no se acompañan de acciones más contundentes contra los sitios sin licencia.
Grainne Hurst, directora ejecutiva del BGC, fue explícita en ese sentido: «El mercado negro ilegal no ofrece a los clientes ninguna de las protecciones que se encuentran en el sector regulado, a la vez que no contribuye en absoluto al deporte del que pretenden lucrarse».
«Dado que las pruebas siguen demostrando el crecimiento del mercado negro, es vital que las decisiones políticas apoyen un mercado regulado próspero que proteja a los clientes y ayude a mantener a raya los delitos relacionados con el juego», añadió.
El BGC pide a las grandes tecnológicas que actúen contra los operadores ilegales
En paralelo a su llamado a los legisladores, el BGC amplió su ofensiva hacia otro frente: las plataformas tecnológicas. El organismo redactó una carta abierta dirigida a las principales empresas del sector digital en el Reino Unido, firmada por Hurst, en la que exige medidas urgentes para cortar los canales a través de los cuales los operadores ilegales llegan a los consumidores británicos.
Según el BGC, los operadores sin licencia utilizan de forma creciente redes sociales, motores de búsqueda, aplicaciones de mensajería y redes de publicidad online para captar clientes. El organismo advirtió que estos canales permiten a los operadores ilegales acceder a poblaciones vulnerables, incluyendo personas que se han autoexcluido del juego o que están buscando ayuda por daños relacionados con la actividad.
La carta detalla cuatro líneas de acción concretas para las plataformas: identificar y eliminar anuncios de juego ilegal, invertir más recursos en desarticular operadores del mercado negro, aumentar la cooperación con reguladores y fuerzas del orden, y mejorar la transparencia sobre sus actividades de control.
«Las empresas tecnológicas cuentan con algunas de las herramientas, los datos y la experiencia más avanzados del mundo», declaró Hurst. «La cuestión ya no es si este problema se puede solucionar, sino si se está haciendo lo suficiente.»
La responsabilidad del ecosistema digital en la expansión del juego ilegal
El llamado del BGC a las grandes tecnológicas pone el dedo en una llaga que la regulación tradicional del juego no ha logrado abordar de forma efectiva. Los marcos normativos del sector están diseñados para supervisar a operadores con licencia, pero carecen de mecanismos directos para actuar sobre las plataformas digitales que, sin operar como casas de apuestas, funcionan como canales de captación para quienes sí lo hacen de forma ilegal.
En ese vacío operan los operadores del mercado negro: sin obligaciones de verificación de edad, sin herramientas de autoexclusión, sin límites de depósito y sin contribución alguna a los fondos de tratamiento del juego problemático o al financiamiento del deporte. La estimación de $51 millones en apuestas ilegales durante un solo evento de cinco días sugiere que ese vacío tiene un costo económico y social considerable.
«Cada consumidor que recurre a un operador ilegal se ve privado de la protección del mercado regulado. Hacemos un llamamiento a las plataformas tecnológicas para que su respuesta esté a la altura de la magnitud de la amenaza», concluyó Hurst.
