El mercado ilegal de apuestas en línea en Brasil mueve entre $5.100 y $7.840 millones al año. El mercado legal, por su parte, genera cerca de $7.460 millones anuales. Ambos segmentos son, en términos prácticos, comparables en volumen.
Esos datos provienen de un estudio publicado en febrero de 2026 por Massonetto Sociedade de Advogados. La investigación fue realizada por Luís Fernando Massonetto, profesor de derecho económico de la Universidad de São Paulo; Bruno Braga Fiaschetti, máster en sociología; y Eduardo Moraes de Carvalho, máster en filosofía.
El análisis se apoya en tres investigaciones previas: un informe del Instituto Locomotiva de junio de 2025, un estudio de LCA Consultores encargado por el Instituto Brasileño de Juego Responsable, y un análisis de mercado elaborado por la firma Yield Sec.
Por qué la regulación en Brasil no funcionó
La Ley 14.790 de 2023 tenía como propósito ordenar el sector y trasladar la demanda hacia plataformas autorizadas por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda. Según el estudio, ese objetivo no se cumplió.
Los autores identifican los costos que enfrentan los operadores legales como el principal factor que explica el fracaso: tasas de licencia elevadas, un impuesto del 12% sobre los ingresos brutos del juego que subirá al 15% para 2028, obligaciones de verificación de identidad con reconocimiento facial, límites de depósito, restricciones publicitarias y controles contra el lavado de dinero.
«Si el diseño regulatorio eleva el costo de operar legalmente por encima del costo esperado de operar ilegalmente, crea un incentivo institucional para la transgresión», señalan los investigadores. En otras palabras, cuando cumplir la ley sale más caro que ignorarla, una parte del mercado elige la segunda opción.
Las ventajas del circuito de apuestas ilegales
Los operadores ilegales no cargan con ninguno de esos requisitos. Eso les permite ofrecer cuotas más atractivas, procesos de registro más simples y una mayor variedad de métodos de pago. Además, algunas plataformas informales utilizan estrategias visuales y de marca que generan en los apostadores la falsa impresión de que operan dentro del mercado regulado.
Una encuesta citada en el estudio revela que el 78% de los dos mil apostadores consultados tuvo dificultades para identificar qué plataformas eran legales. Entre las mujeres, ese porcentaje sube al 84%. Según datos del Instituto Locomotiva, el 61% de los jugadores realizó al menos una apuesta ilegal durante 2025. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, la cifra alcanza el 69%.
El ciclo que se retroalimenta
El estudio describe un bucle que se amplifica solo: la regulación encarece la operación legal; el operador ilegal aprovecha esa diferencia; el apostador, que no distingue entre ambos circuitos, migra hacia las condiciones más favorables del mercado informal; eso reduce la base imponible del sector formal; y la caída en la recaudación presiona al Estado a elevar aún más los impuestos o los requisitos para los operadores legales, lo que amplía nuevamente la ventaja del circuito ilegal.
Las pérdidas fiscales estimadas oscilan entre $1.410 y $1.960 millones anuales, según LCA Consultores. El estudio concluye que combatir el mercado ilegal representaría ganancias significativas de ingresos para el Estado brasileño.
Una historia de cien años en Brasil
Los investigadores contextualizan el problema con un repaso histórico. El jogo do bicho, creado en 1892 como promoción del zoológico de Río de Janeiro, se convirtió en símbolo de esa dualidad entre lo legal y lo ilegal. El juego se legalizó en 1920 bajo el presidente Epitácio Pessoa y fue completamente despenalizado en la década de 1930 bajo Getúlio Vargas, cuando Brasil llegó a tener más de 70 casinos y cerca de 60.000 empleos directos e indirectos en el sector.
En abril de 1946, el presidente Eurico Gaspar Dutra prohibió toda forma de juego mediante decreto, con respaldo amplio del Congreso. La medida afectó con fuerza a ciudades como Petrópolis, Poços de Caldas y Caxambu. Sin embargo, el jogo do bicho sobrevivió en la clandestinidad durante el resto del siglo XX y parte del XXI.
El estudio señala que, mientras penalizaba el juego privado, el Estado mantuvo y expandió su monopolio sobre las loterías federales. «La cuestión central nunca fue verdaderamente moral ni religiosa, sino el control estatal sobre una actividad económicamente lucrativa», concluyen los autores.
