Por primera vez en tres años, la industria de las apuestas deportivas de Illinois no es el blanco principal del presupuesto del gobernador J.B. Pritzker. Esta vez, la presión con impuestos recae sobre los operadores de casinos.
La propuesta presupuestaria de $57,000 millones para el año fiscal 2027 representa un incremento del 1.6% con respecto al ejercicio anterior e incorpora un conjunto de ajustes fiscales destinados a generar cerca de $589 millones en ingresos adicionales.
Cómo funcionan los impuestos hoy en Illinois y qué cambiaría
En la actualidad, los ingresos de los casinos de Illinois se gravan de dos maneras distintas según el tipo de juego. Las tragamonedas ya tienen un esquema progresivo: pagan desde un mínimo del 15% hasta un máximo del 50%, dependiendo de los umbrales de ingresos brutos ajustados (AGR, por sus siglas en inglés).
Los juegos de mesa, en cambio, tienen un régimen más simple desde que Pritzker aprobó en 2020 la ley PA 101-0648: 15% sobre los primeros $25 millones de AGR anuales, y 20% sobre cualquier ingreso que supere esa cifra.
La propuesta del gobernador elimina esa diferencia. Los juegos de mesa adoptarían el mismo esquema progresivo de las tragamonedas, con un piso del 15% para los primeros $25 millones y tasas que pueden llegar hasta el 50% según los ingresos del operador.
Con las cifras actuales, tres casinos enfrentarían tasas superiores al 20% vigente. El Rivers Casino en Des Plaines, el más rentable del estado y que concentra casi la mitad de los ingresos estatales provenientes de los juegos de mesa, ya operaría bajo una tasa del 37.5% con un AGR de $107.4 millones de dólares. El Wind Creek Casino, en el sur del área metropolitana de Chicago, y el casino temporal de Bally’s, en el centro de la ciudad, pagarían ambos al 22.5%. Otros dos establecimientos —The Temporary en Waukegan y Grand Victoria Casino en Elgin— también podrían alcanzar ese nivel antes de que termine el año fiscal.
Los años anteriores: apuestas deportivas bajo presión
Los operadores de apuestas deportivas fueron los grandes afectados por los presupuestos de los años fiscales 2025 y 2026. El primero introdujo las primeras tasas verdaderamente progresivas del país para ese sector, con rangos del 20% al 40% sobre el AGR, reemplazando una tarifa fija del 15%.
El año pasado se sumó el llamado «recargo por apuesta», un impuesto inédito en Estados Unidos que generó amplia crítica en la industria. A pesar de ello, sus resultados superaron las expectativas: en los primeros seis meses del año fiscal 2026 recaudó $62.2 millones de dólares, un 50% más que los $40 millones proyectados. El representante estatal Daniel Didech, presidente de la Comisión de Juego, presentó un proyecto de ley para derogar ese recargo durante el próximo año fiscal.
Una fusión de organismos reguladores
El presupuesto también propone fusionar la Junta de Juegos de Azar de Illinois (IGB) y la Junta de Carreras de Illinois (IRB) en un nuevo Departamento de Regulación y Cumplimiento de los Juegos de Azar. La propuesta llega en un momento delicado para la industria hípica del estado.
La IRB suspendió recientemente la licencia del hipódromo Hawthorne, en Stickney, por no acreditar su solidez financiera. La familia Carey, propietaria del hipódromo por varias generaciones, lleva años intentando reunir los $400 millones de dólares necesarios para construir un racino —una combinación de hipódromo y casino— tras haber sido declarada «preliminarmente apta» por la IGB en 2020. Aún no está claro si la próxima temporada de carreras de purasangres se realizará según lo previsto.
Un nuevo cargo de supervisión del juego
Paralelo al debate presupuestario, el proyecto de ley HB 5702 —presentado por la representante estatal Yolanda Morris— propone crear el puesto de oficial de supervisión del juego de Illinois dentro de la IGB. Este funcionario trabajaría bajo la dirección del administrador del organismo y tendría a su cargo coordinar esfuerzos entre agencias estatales, recopilar datos sobre regulación, promover mejores prácticas en diversidad dentro de la industria y emitir recomendaciones sobre políticas y normativas.
La iniciativa también incluye cambios a la Ley de Videojuegos, con disposiciones orientadas a proteger a solicitantes de licencias frente a posibles rechazos relacionados con la posesión de ciertos dispositivos, siempre que estos cumplan con el Código Penal de 2012. El tema es relevante porque Chicago avanza en la implementación de terminales de videojuegos, legalizadas mediante el presupuesto municipal de 2026 para ayudar a cubrir un déficit de $1,100 millones de dólares.
