La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la noche del martes 24 el Proyecto de Ley Antifacción (PL 5582/25), una norma que el presidente de ese cuerpo legislativo, Hugo Motta, calificó como «la más severa de la historia» en la lucha contra las organizaciones criminales del país. El texto pasará ahora a firma presidencial y llevará el nombre de Ley Raúl Jungmann, en honor al exministro de Seguridad Pública.
La aprobación materializó un acuerdo previo entre el ponente del proyecto, el diputado Guilherme Derrite (PP-SP), y los líderes de la Cámara. El propio Motta anticipó el entendimiento horas antes de la votación: «Llegamos a un acuerdo para que el texto pueda votarse sin los amplios desacuerdos de la votación anterior», declaró.
El impuesto a las que no pasó en Brasil
El punto más controvertido del proyecto era la llamada Contribución para la Intervención en el Ámbito Económico de las Apuestas Deportivas, conocida como CIDE-Bets. El mecanismo establecía un impuesto del 15% sobre cada depósito que los apostadores realizaran en plataformas digitales de apuestas, con retención directa en la fuente. Los recursos recaudados se destinarían íntegramente al Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP).
El Senado Federal había aprobado previamente esta medida y el propio ponente Derrite la defendió en su informe. «Este es un mecanismo para ampliar estructuralmente la financiación de la seguridad pública, creando una fuente estable y específica de recursos para operaciones de inteligencia, la represión del crimen organizado y el fortalecimiento del sistema penitenciario», argumentó el legislador.
Sin embargo, el pleno votó de forma simbólica a favor de una enmienda presentada por el diputado Doutor Luizinho (PP-RJ), vicepresidente del bloque que agrupa a varios partidos de la coalición de gobierno. Esa enmienda eliminó el artículo 14 del texto aprobado por el Senado, que contenía el CIDE-Bets, y dejó el impuesto fuera de la ley definitiva.
Seguridad jurídica para el sector
Motta justificó la exclusión del tributo con un argumento de estabilidad regulatoria. El presidente de la Cámara señaló que el debate sobre el CIDE-Bets debe darse de forma separada y ordenada, y criticó los cambios frecuentes en las tasas impositivas. «No hay forma de cambiar la tasa impositiva mensualmente en ningún sector, ya que esto elimina la capacidad de planificación de cualquier empresa», sostuvo.
La decisión coincidió con la recepción, ese mismo día, de un estudio elaborado por el Instituto Esfera que advierte sobre los efectos no deseados de cargas tributarias excesivas sobre los operadores con licencia. Según ese documento, los costos de cumplimiento regulatorio generan una ventaja competitiva para las plataformas no reguladas, que ofrecen mejores premios y menos burocracia a los consumidores. El acuerdo final entre el Ministerio de Justicia, encabezado por Wellington César Lima e Silva, y el ponente Derrite allanó el camino para la votación.
También cayó el régimen de regularización
La enmienda aprobada eliminó además otro mecanismo incluido en el texto del Senado: el Régimen Especial de Regularización Cambiaria y Tributaria (RERCT) Litigios de Apuestas Cero. Esta figura permitía la declaración voluntaria de activos vinculados a apuestas de cuotas fijas, con un impuesto a la renta del 15% más una penalidad del 100% sobre el incremento patrimonial verificado hasta el 31 de diciembre de 2024.
La propuesta seguía la lógica de regularizaciones retroactivas anteriores, pero con un alcance más amplio sobre otros tributos federales. Al igual que el CIDE-Bets, quedó fuera de la versión final promulgada.
