La presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, Cecilia Valdés, encendió el debate sobre la regulación del juego online en Chile con declaraciones al medio La Tercera en las que advirtió sobre los riesgos de seguir postergando un marco normativo para el entorno digital. Su mensaje central fue claro: la ausencia de regulación no frena el crecimiento del juego online, solo lo deja operar sin controles.
Una asimetría que perjudica a la industria formal
El argumento de Valdés no apunta a la existencia del juego en línea como problema en sí mismo, sino a las condiciones desiguales en las que compiten quienes operan dentro del sistema regulado y quienes lo hacen fuera de él.
«La discusión ya no es solo sobre la existencia de plataformas ilegales, sino sobre la falta de condiciones equivalentes entre quienes operan bajo regulación y quienes lo hacen sin obligaciones claras. Esta asimetría impacta directamente en la sostenibilidad de la industria formal, en la recaudación fiscal y en la capacidad del Estado para ejercer control efectivo», afirmó la ejecutiva.
Esa desigualdad de condiciones tiene consecuencias concretas: los operadores formales asumen costos de cumplimiento, tributación y fiscalización que sus competidores informales no enfrentan, lo que deteriora la competitividad del segmento regulado y reduce los ingresos que el Estado podría capturar si el mercado estuviera ordenado.
Una regulación diseñada para otro tiempo
Otro punto que Valdés puso sobre la mesa es la obsolescencia del marco normativo vigente. Las reglas actuales fueron concebidas para un entorno presencial y muestran limitaciones evidentes frente a la realidad del juego digital, que opera con una lógica, una escala y una velocidad completamente distintas.
Según la dirigente, esto no requiere ajustes menores, sino repensar la arquitectura completa del sistema regulatorio para que pueda dar respuesta a un mercado que ya cambió y que seguirá cambiando.
En ese contexto, el momento político también juega a favor de avanzar. Las nuevas autoridades de gobierno llegaron con un discurso orientado al cumplimiento de la ley y con una necesidad recaudatoria concreta, lo que abre una ventana de oportunidad para impulsar una reforma que hasta ahora no había encontrado la urgencia política necesaria.
El fútbol chileno en la mira
Uno de los señalamientos más directos de Valdés apuntó al fútbol profesional. La ejecutiva cuestionó que diez de los catorce clubes de la Primera División del fútbol chileno tengan contratos de patrocinio con empresas de apuestas que operan sin autorización en el país.
«Yo no sé si los equipos de fútbol hacen un due diligence para saber de dónde vienen y a dónde van esos recursos, o quiénes son los dueños», declaró Valdés, dejando abierta la pregunta sobre la responsabilidad que les cabe a los clubes en la legitimación de operadores que actúan fuera del marco legal.
El cuestionamiento no es menor: los patrocinios en camisetas, estadios y transmisiones otorgan visibilidad masiva a plataformas que, al no estar reguladas, no tienen obligaciones en materia de juego responsable, protección de usuarios ni aporte fiscal.
El proyecto de ley que espera en el Senado
El debate sobre la regulación del juego online en Chile tiene un vehículo concreto: un proyecto de ley que actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores, a la espera de retomar su debate en comisiones antes de avanzar hacia una eventual aprobación.
Para Valdés, la iniciativa está lo suficientemente avanzada como para exigir que se acelere su tramitación.
«Teniendo un proyecto de ley bastante avanzado, creemos que es urgente que se le ponga el acelerador no solamente para que ordene los recursos que se está perdiendo el Estado, sino para que proteja a todos los consumidores», sostuvo la ejecutiva.
Un mercado que no espera
El mensaje de fondo de las declaraciones de Valdés es que el tiempo corre en contra de la inacción. El juego online en Chile no está detenido por la falta de regulación: está creciendo, en gran parte fuera del sistema, con plataformas que no tributan, no protegen a sus usuarios y no rinden cuentas ante ninguna autoridad local.
Regular ese mercado no es una opción a considerar en el futuro, sino una necesidad presente que tiene costos fiscales, institucionales y sociales concretos cada mes que pasa sin una respuesta normativa.
