La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el gobierno de Gustavo Petro había decretado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por un periodo de 30 días. Con esta decisión, la norma pierde vigencia de forma definitiva y deja de producir efectos jurídicos, cerrando el camino a un ambicioso paquete de medidas fiscales que el Ejecutivo buscaba implementar sin pasar por el Congreso.
Qué buscaba el decreto y por qué el juego online estaba en la mira
El decreto ahora anulado otorgaba al Ejecutivo la facultad de expedir normas con fuerza de ley bajo el argumento de una crisis fiscal y social. El objetivo era claro: recaudar cerca de 11 billones de pesos colombianos mediante una batería de medidas tributarias de amplio alcance.
Entre ellas destacaban el aumento del IVA sobre licores del 5% al 19%, un incremento del 15% en el impuesto de renta para entidades financieras (elevando la tarifa hasta el 50%), la imposición del 19% de IVA a bienes de lujo como yates y motocicletas de alto cilindraje, y la aplicación de ese mismo porcentaje a los ingresos generados por el juego online. Este último punto impactaba directamente a los operadores de apuestas y casinos digitales que operan en el país, encendiendo alertas en la industria por sus posibles efectos sobre la competitividad y la migración hacia plataformas no reguladas.
El argumento de la Corte: límites al poder excepcional
El magistrado Carlos Camargo Assis, ponente de la decisión, sostuvo que el Decreto 1390 vulneró principios esenciales como la separación de poderes y el orden democrático. Según el fallo, el Ejecutivo asumió competencias propias del Legislativo sin cumplir con los requisitos estrictos que exige la Constitución para declarar un estado de excepción.
La Corte subrayó que los hechos invocados por el Gobierno no cumplían con los criterios de imprevisibilidad y gravedad extraordinaria necesarios para justificar este tipo de medidas. En esa línea, el magistrado fue más allá al señalar que el decreto respondía, en esencia, a un bloqueo político derivado de la falta de respaldo del Congreso a las reformas fiscales propuestas, y no a una crisis excepcional que habilitará el uso de poderes extraordinarios.
Del freno provisional al fallo definitivo
El desenlace era, en gran medida, previsible. El decreto ya había sido suspendido provisionalmente el 29 de enero de 2026, tras una votación de seis magistrados a favor y dos en contra. La decisión final no hizo más que confirmar esa mayoría y cerrar el proceso con carácter definitivo.
Asimismo, la Sala Plena se pronunció sobre normas derivadas. Los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026, expedidos en desarrollo del decreto principal, seguirán sin efectos hasta que la Corte se pronuncie de fondo sobre su constitucionalidad. Con ello, el andamiaje jurídico que sostenía el paquete fiscal del Gobierno queda, por ahora, completamente desarticulado.
Colombia, en la misma encrucijada fiscal que México y Sudáfrica
El fallo vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en América Latina y otros mercados emergentes: cómo aumentar la recaudación fiscal sin comprometer la sostenibilidad de industrias reguladas como la del juego. Casos recientes, como la carga impositiva del 50% sobre el GGR en México o las estrategias regulatorias en Sudáfrica, reflejan un patrón común: a mayor presión fiscal, mayor riesgo de expansión del mercado ilegal.
En Colombia, la discusión no desaparece, pero cambia de escenario. Cualquier intento de gravar con mayor intensidad al juego online (incluido un eventual IVA) deberá ahora transitar el camino legislativo ordinario, con debate político, negociación y mayor escrutinio técnico.
Un fallo que redefine el tablero
Más allá del impacto inmediato, la decisión de la Corte Constitucional marca un precedente clave sobre los límites del poder ejecutivo en contextos de tensión fiscal. También envía una señal clara a los mercados: la estabilidad regulatoria no puede construirse sobre atajos jurídicos.
Para la industria del juego, el mensaje es doble. Por un lado, se evita (al menos temporalmente) una carga fiscal que amenazaba su competitividad. Por otro, se abre una etapa de incertidumbre en la que el debate sobre impuestos, regulación y control del mercado
