En Colombia, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) aprobó en abril un acuerdo que establece políticas obligatorias de juego responsable para los operadores de juegos territoriales que utilizan internet como canal de comercialización. La medida abarca modalidades como Lotería, Apuestas Permanentes o Chance y RASPA&LISTO, y representa un nuevo avance regulatorio para la operación digital de los juegos territoriales en Colombia.
El acuerdo se enmarca en la Ley 643 de 2001 y el Decreto Ley 4144 de 2011, y tiene como propósito central promover una cultura de juego responsable sustentada en la prevención, el autocuidado y el apoyo a las personas afectadas por el juego problemático.
Qué operadores deben cumplir con el nuevo acuerdo en Colombia
El acuerdo aplica para todos los operadores de juegos territoriales que utilicen internet como canal de comercialización. Sus lineamientos pasan a formar parte integral de los contratos de concesión suscritos con las entidades concedentes, lo que les otorga carácter vinculante desde el momento de su publicación en el Diario Oficial.
Cada operador deberá designar un responsable idóneo para liderar e implementar el programa de Juego Responsable.
Tres grupos poblacionales en el centro de la estrategia
El programa de Juego Responsable que deberán implementar los operadores está diseñado en torno a tres grupos poblacionales diferenciados: jugadores sin factores de riesgo, usuarios con factores de riesgo o que se encuentren en proceso de autoexclusión, y población no jugadora.
Herramientas de autocuidado: el test de riesgo y la autoexclusión
Uno de los elementos más relevantes del acuerdo es la incorporación de herramientas concretas de autocuidado en los sitios web de los operadores. En primer lugar, deberán incluir el «Test de identificación de factores de riesgo», diseñado por Coljuegos y adoptado por el CNJSA. Se trata de una herramienta accesible, clara y confidencial que permite identificar patrones de juego problemático y orientar a los usuarios sobre los mecanismos disponibles.
En segundo lugar, los operadores deberán habilitar un formato de autoexclusión visible y de fácil acceso, tanto en la plataforma digital como en los puntos de venta físicos. La autoexclusión es voluntaria y personal, con un período mínimo de 30 días seleccionable por el propio jugador. Si al vencer ese plazo el jugador no presenta una revocatoria, la autoexclusión se renueva automáticamente por el mismo período.
Durante el tiempo de autoexclusión, los operadores tienen la obligación de impedir que el jugador acceda a compras a través de sus plataformas tecnológicas. El acuerdo aclara expresamente que la autoexclusión está limitada al operador en el que se solicita y no se extiende de forma automática a otros juegos o plataformas.
Protección de menores: una prioridad en la regulación
El acuerdo establece disposiciones específicas para proteger a los menores de edad. Los operadores deberán implementar todas las restricciones legales vigentes e incluir en sus piezas publicitarias la prohibición explícita de participación de niños, niñas y adolescentes. Además, quedan expresamente prohibidas las comunicaciones comerciales que se dirijan directa o indirectamente a ese público.
Obligaciones de reporte y supervisión
Los operadores tendrán la obligación de remitir a la Gerencia de la Secretaría Técnica del CNJSA, dentro de los quince días siguientes al vencimiento de cada semestre, un informe sobre el estado de implementación, ejecución e impacto del programa, con datos cuantitativos sobre los autoexcluidos.
La Secretaría Técnica queda facultada para realizar visitas, requerimientos y cualquier otra acción de verificación del cumplimiento. A más tardar en abril de cada año, deberá presentar al CNJSA un informe anual sobre el impacto e implementación del programa en el conjunto del sector.
Seis meses para adoptar los lineamientos
Una vez publicado el acuerdo en el Diario Oficial, los operadores contarán con un plazo de seis meses para adoptar integralmente todos los lineamientos establecidos. Este período busca garantizar que las empresas cuenten con el tiempo suficiente para ajustar sus plataformas, formar a su personal y estructurar sus programas internos de juego responsable.
La medida representa un avance significativo en la regulación del juego online y posiciona al país en línea con estándares internacionales de protección al jugador, en un contexto en que la digitalización de este sector sigue en expansión.
