Reino Unido, España y Alemania refuerzan sus marcos legales para fomentar el juego controlado, restringir la publicidad dirigida a menores y proteger a los sectores más vulnerables sin frenar el desarrollo de la industria.
El crecimiento acelerado del sector de casinos y juegos de azar en los últimos años ha traído consigo una serie de desafíos significativos para los gobiernos, sobre todo en temas de salud y protección de los usuarios. Frente a este escenario, muchos países de Europa han centrado sus esfuerzos en promover el juego responsable, convirtiéndolo en una pieza clave en el diseño e implementación de sus políticas públicas.
Para frenar los riesgos que puede generar el uso excesivo del gaming, especialmente entre jóvenes y personas vulnerables, algunos estados de Europa están implementado regulaciones más estrictas que impulsen las buenas prácticas de juego. Estas medidas incluyen un mayor control estatal, límites en la publicidad dirigida a menores de edad, y marcos legales orientados a crear entornos más seguros para quienes participan en estas actividades.
En este contexto, Reino Unido, España y Alemania se han consolidado como referentes de la industria al incorporar políticas firmes de prevención y control en sus agendas de trabajo. ¿Cómo ha desarrollado cada uno de estos países su legislación en materia de juego responsable?
MODELO BRITÁNICO
En el Reino Unido, la Gambling Act 2005 marcó un antes y un después en la regulación del sector. Esta Ley introdujo la obligación de contar con licencias para operar, fijó límites claros para proteger a los consumidores y promovió prácticas de juego justas y seguras. En la actualidad, su cumplimiento está a cargo de la UK Gambling Commission (UKGC), el organismo responsable de hacer cumplir estas normas.
De acuerdo con la última Encuesta de Salud de Inglaterra, alrededor del 0.5% de la población tiene problemas con el juego. En ese sentido, el Gobierno británico puso en marcha una serie de disposiciones legales para disminuir los riesgos. Algunas de las principales estrategias fueron los límites de depósitos diarios, los esquemas de autoexclusión —pueden variar desde un año hasta la suspensión permanente del sitio— y los recordatorios de sesión, diseñados para cuantificar el tiempo de juego.
Otra de las medidas más destacadas en los últimos años fue la restricción de la publicidad de apuestas. En 2019, se implementó la conocida whistle to whistle ban, que prohíbe los anuncios durante las transmisiones deportivas antes de las 9 de la noche, buscando reducir su impacto entre los usuarios más jóvenes. Además está prohibido el uso de la imagen de influencers o figuras públicas con gran alcance entre menores.
Por su parte, las plataformas digitales también están obligadas a implementar filtros que bloqueen este tipo de contenidos para jugadores jóvenes, reforzando así la protección de las audiencias más vulnerables. En caso de no cumplir con estos mandatos, los operadores estarán sujetos a sanciones e incluso la pérdida de su licencia.
En este contexto, y con el objetivo de actualizar la regulación, el Grupo Parlamentario Multipartidista para la Reforma del Juego inició una investigación para evaluar si la ley vigente responde a los retos de la era digital. “Es imprescindible hacer mucho más para asegurar que nuestro marco normativo esté en sintonía con la era digital y proteja a las personas del daño”, sostuvo el diputado Iain Duncan Smith, presidente de la iniciativa.
PLAN DE TRABAJO
Durante la última década, España ha intensificado sus esfuerzos para frenar el impacto social del juego desmedido. Según datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el organismo regulador del país, cerca del 4.3% de la población adulta ha experimentado alguna forma de comportamiento problemático, lo que ha impulsado la emisión de normativas más firmes y efectivas.
Bajo ese contexto, el gobierno español publicó la Ley 13/2011. Supervisada por la DGOJ, esta directriz establece herramientas como la autoexclusión y la verificación de identidad. A esto se sumó el Real Decreto 958/2020, que impuso límites estrictos a la publicidad del sector, prohibiendo anuncios en televisión, radio e internet fuera del horario de 1:00 a.m. a 5:00 a.m., así como el uso de celebridades y deportistas en campañas promocionales.
Con el Real Decreto 176/2023, España dio un paso más en la protección de los colectivos vulnerables dentro del ecosistema del juego online. La norma dispuso directrices específicas de control y prevención para cada perfil de riesgo: usuarios menores de 26 años, participantes con comportamiento intensivo (acumulan pérdidas semanales superiores a 601 euros durante tres semanas consecutivas), o jugadores que activaron mecanismos de autoprohibición o autoexclusión.
En junio de 2025, la DGOJ presentó un nuevo plan estratégico denominado “Juego Seguro 2026 – 2030”. El documento define las prioridades regulatorias para los próximos cuatro años, con foco en el análisis actualizado de la industria, la prevención de riesgos y una mayor protección para los jugadores.
La propuesta plantea seis objetivos generales y 22 medidas concretas, entre ellas, la creación de límites de depósitos: 600 euros diarios o 1,500 euros semanales por jugador, aplicables a todas las plataformas con licencia. El Consejo Asesor de Juego Responsable cuenta con tres meses para emitir su opinión antes de que se apruebe la versión final, que funcionará como hoja de ruta para la política estatal de juego seguro.
