Cuando el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. prohibió las Operaciones de Juego Offshore de Filipinas (POGO, por su sigla en inglés) en 2024 y ordenó su salida del país antes de finales de ese año, el objetivo era claro: poner fin a una industria que se había convertido en una fachada para el crimen organizado. Sin embargo, más de un año después, las consecuencias de esa era siguen emergiendo con fuerza en los tribunales, en los campos agrícolas y en los operativos antidroga.
Robo de tierras en Bataan: la nueva arista del escándalo POGO
La División de la Región Capital Nacional de la Oficina Nacional de Investigaciones de Filipinas (NBI-NCR) anunció que investiga la presunta transferencia ilegal de parcelas rurales en la provincia de Bataan a una empresa vinculada a los POGO.
Según los agricultores afectados, los terrenos habrían sido traspasados de manera fraudulenta, sin la autorización del Departamento de Reforma Agraria, a una empresa holding asociada a Harry Roque, abogado y exvocero del expresidente Rodrigo Duterte, quien se presentaba públicamente como defensor de los derechos humanos.
El año pasado, Roque fue acusado formalmente de tráfico agravado de personas en el marco de una operación POGO en Pampanga. Poco después, huyó del país y se reporta que actualmente reside en Austria.
La NBI-NCR señaló que la información preliminar apunta a la posible falsificación de documentos en las transferencias, lo que genera serias dudas sobre la validez y legalidad del proceso.
Cómo nacieron y cayeron los POGO
Los POGO fueron legalizados en 2016 durante la administración de Duterte, con el argumento de que representaban una fuente relevante de ingresos para el Estado. En efecto, en 2023 aportaron el equivalente a $86 millones de dólares al fisco, con proyecciones de cerca de $117 millones para 2024.
Sin embargo, la industria comenzó a desmoronarse cuando una serie de allanamientos a distintas operaciones POGO reveló evidencia de actividades criminales de gran escala. En su discurso sobre el Estado de la Nación de 2024, Marcos enumeró los delitos documentados: estafas financieras y criptográficas, lavado de dinero, prostitución, tráfico de personas, secuestros, torturas y asesinatos.
«Disfrazadas de entidades legítimas, estas operaciones se aventuraron en áreas ilícitas completamente ajenas al juego», afirmó el mandatario, antes de ordenar el cierre de todos los POGO, con o sin licencia, antes de fin de año.
En octubre de 2024, mientras la industria supuestamente se encontraba en proceso de cierre, la policía allanó Central One Bataan Inc., una empresa de subcontratación de procesos de negocios que presuntamente operaba como fachada de un POGO sin estar registrada ante la Corporación Filipino de Entretenimiento y Juegos (PAGCOR). La empresa negó las acusaciones.
La conexión con el narcotráfico: ciudadanos chinos al frente de los cárteles
El martes, el secretario del Interior, Jonvic Remulla, reveló en una conferencia de prensa que ciudadanos chinos vinculados a los POGO lideraban la mayoría de los cárteles de droga activos en el país.
«Esos POGO se convirtieron en una plaga para el país», declaró Remulla. «Todo lo ilegal entre 2016 y 2025, y hasta hoy, lo estamos pagando como consecuencia de esos POGO. Casi todos los cárteles que hemos atrapado aquí son liderados por ciudadanos chinos que usaron visas vinculadas a los POGO.»
En el mismo acto, Remulla acompañó a representantes de las fuerzas del orden en Trece Martires City para la destrucción de drogas ilegales valuadas en el equivalente a $764 millones de dólares, confiscadas durante investigaciones en apenas los últimos seis meses, una cifra que ilustra la magnitud del problema heredado de la era POGO.
Un país que aún paga el precio de una industria fuera de control
El caso filipino ofrece una advertencia de alcance global sobre los riesgos de legalizar operaciones de juego offshore sin marcos regulatorios robustos y capacidad real de fiscalización. Lo que comenzó como una apuesta por recaudar divisas terminó siendo una puerta de entrada para el crimen organizado transnacional.
La investigación por el robo de tierras en Bataan, los procesos penales en curso y los operativos antidroga que continúan desmantelando redes vinculadas a los POGO son la evidencia de que el cierre formal de una industria no borra de inmediato sus consecuencias. El país enfrenta ahora la tarea de desmantelar, caso por caso, el entramado criminal que se construyó bajo el amparo de licencias de juego.
