“Nos hemos comprometido a no otorgar ningún permiso más a casinos hasta que no sea haga la revisión de las actuales salas, muchas otorgadas indebidamente, y hasta que no se garantice su funcionamiento transparente, legal y seguro”, expresó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal de México.
Las declaraciones se realizaron durante las disculpas públicas que ofreció el gobierno mexicano el miércoles pasado por los errores y omisiones en uno de los más graves ataques contra la población civil cometido por el crimen organizado: el incendio de un casino en el norte de México en el que murieron 52 personas hace once años.
El 25 de agosto de 2010, miembros del cártel de los Zetas rociaron con combustible al Casino Royale y lo prendieron fuego con decenas de clientes y empleados en su interior. El ataque fue cometido por miembros del crimen organizado en represalia por no pagar extorsiones, según explicaron en su momento las autoridades.
Encinas reconoció que hubo violaciones a las leyes vigentes y omisiones en la inspección de las medidas de seguridad del casino y por eso pidió una disculpa “honesta y sincera, sin dobleces y sin ambigüedades”.
