La Corte Suprema de Pensilvania escuchó la semana pasada los argumentos sobre un tema que ha dividido al estado durante años: ¿son los llamados «juegos de habilidad» realmente máquinas de azar? La respuesta a esta pregunta determina si estos equipos, que operan en miles de gasolineras y tiendas de barrio, deben cumplir con las mismas regulaciones e impuestos que los casinos autorizados.
El caso llegó a la corte tras las apelaciones de la Procuraduría General del Estado y el Departamento de Hacienda. En el centro del debate está una característica particular de estos juegos: una segunda etapa que permite a los jugadores recuperar el dinero perdido.
Matthew Haverstick, abogado del fabricante Pace-O-Matic, argumentó que esta segunda etapa diferencia sus máquinas de los juegos de azar tradicionales. Según explicó, los jugadores pueden recuperar el 105% de su apuesta con posibilidad de ganar cada vez. Esta mecánica, sostiene, convierte al juego en uno de habilidad y no de azar.
La Procuraduría General rechaza este argumento. Susan Affronti, representante de la oficina, afirmó que la existencia de esta segunda etapa no basta para excluir a estas máquinas de la categoría de apuestas.
El problema de la falta de regulación
Actualmente, hay alrededor de 70,000 máquinas de juegos de habilidad operando en Pensilvania. Estas no están sujetas a las regulaciones estatales de juego, lo que significa que no pagan impuestos ni cumplen con políticas de seguridad establecidas.
Los casinos autorizados enfrentan un panorama completamente distinto. Deben cumplir con los estándares de la Junta de Control de Juegos de Pensilvania y pagan un impuesto del 54% sobre los ingresos de sus máquinas tragamonedas. Las aproximadamente 25,000 máquinas reguladas en casinos generaron alrededor de 1,200 millones de dólares en impuestos estatales el año pasado.
Pete Shelly, cabildero de Parx Casino, critica esta disparidad: «La industria del juego ha generado miles y miles de millones de dólares en ingresos fiscales, y no se puede permitir que la gente venga y conecte un montón de máquinas, haga caso omiso de las reglas, no pague impuestos y no se responsabilice de ninguno de los problemas asociados».
Consecuencias reales de la ausencia de controles
Las preocupaciones sobre seguridad no son teóricas. A principios de este mes, un jurado en Filadelfia declaró a Pace-O-Matic responsable del asesinato de Ashokkumar Patel, empleado de una tienda, en un caso separado. Jafet De Jesus Rodríguez había perdido miles de dólares en una máquina de juegos de habilidad en 2020 y regresó para robar unos 14,000 dólares, asesinando a Patel en el proceso. Rodríguez cumple ahora cadena perpetua sin libertad condicional.
El jurado determinó que Pace-O-Matic no tenía regulaciones de seguridad adecuadas, como máquinas de canje de boletos que eliminan la necesidad de que los empleados manejen dinero en efectivo.
Durante el juicio surgieron otros problemas. Brian Langan, responsable de cumplimiento de Pace-O-Matic, admitió que las tiendas a menudo se niegan a pagar las ganancias: «Se decía: ‘Sí, gané $500. Por favor, págueme’. Y luego: ‘Lo siento. No tenemos dinero. El gerente no está'».
Shelly compara esta situación con los casinos, que cuentan con verificación de identidad, cámaras y sistemas seguros para gestionar las ganancias. «No puedes ir por ahí y encontrar $14,000 guardados en una caja de puros», señala. «Es como la noche y el día».
El debate económico
Los datos de la Asociación Americana del Juego muestran que las máquinas reguladas retienen un promedio de 7.7 centavos por dólar apostado, mientras que las no reguladas retienen 25 centavos. Además, las máquinas de habilidad no tienen disposiciones para prevenir el juego de menores ni la ludopatía.
El senador estatal Gene Yaw defiende la industria, argumentando que beneficia a los trabajadores y genera empleos. Pace-O-Matic afirma que aproximadamente el 80% de sus ingresos va a las pequeñas empresas que alojan sus juegos.
La compañía respondió al veredicto reciente indicando que apelará la decisión y que no tiene responsabilidad en el caso. Ahora la Corte Suprema de Pensilvania debe decidir el futuro de esta industria en el estado.
