La industria del juego regulado en México enfrenta uno de sus mayores desafíos en años recientes. A partir del 1 de enero de 2026, los operadores del sector deben asumir una tasa impositiva del 50% sobre los ingresos brutos del juego (GGR), aprobada por el gobierno mexicano en su paquete de reforma fiscal para ese año. La medida, que representa un incremento sustancial frente al esquema anterior, ha encendido las alarmas dentro del sector, que advierte sobre consecuencias que van más allá del impacto económico directo en las empresas.
El alerta de AIEJA: un golpe directo al juego regulado
Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Permisores, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y el Juego (AIEJA), calificó la medida como un «duro golpe» para el sector en declaraciones recientes a un medio especializado. Ochoa señaló que el aumento no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia regional que pone en riesgo la viabilidad del juego legal en América Latina.
Según el dirigente, el principal riesgo de esta tendencia hacia mayores cargas fiscales en la industria es que termina beneficiando al mercado ilegal en detrimento de los operadores legalmente establecidos. Cuando los impuestos se elevan de forma desproporcionada, los jugadores migran hacia plataformas no reguladas que ofrecen mejores condiciones económicas, pero ninguna garantía de seguridad para el usuario. El resultado es una paradoja fiscal: el Estado recauda menos a medida que sube los impuestos, porque la base imponible se contrae.
Por qué un impuesto más alto puede significar menos recaudación
La lógica detrás de la advertencia de Ochoa es clara desde el punto de vista económico. Cuando la carga tributaria sobre los operadores legales supera cierto umbral, estos trasladan parte del costo al jugador en forma de peores cuotas y menores bonificaciones. Esto genera un incentivo directo para que los usuarios busquen alternativas en el mercado no regulado, donde las plataformas ilegales no tributan, no están sujetas a controles de juego responsable y no ofrecen mecanismos de protección al consumidor.
El efecto neto es que el erario público pierde ingresos en dos frentes: los operadores legales generan menos GGR gravable y los jugadores que migran al mercado negro dejan de contribuir por completo al sistema fiscal. Esta dinámica, ya observada en otros mercados que elevaron sus tasas de forma abrupta, refuerza los argumentos a favor de una política impositiva calibrada que priorice la canalización hacia el juego regulado.
El dirigente de AIEJA reconoce que el sector online sigue creciendo de forma acelerada y que las perspectivas de expansión son sólidas, incluso en un entorno de mayor presión fiscal.
Un factor determinante en esa visión optimista es la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que México es país coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá. Según Ochoa, el torneo representa una oportunidad generacional para el mercado de apuestas deportivas en el país. Las proyecciones del sector anticipan un aumento significativo en el volumen de apostadores durante el torneo y, lo que resulta aún más relevante desde el punto de vista comercial, una mejora en la retención de jugadores a mediano plazo.
México en el radar internacional: datos de mercado y posición global
Los datos respaldan ese optimismo. Según las cifras más recientes de H2 Gambling Capital, México ocupa el decimoctavo lugar entre los mercados de juego más grandes del mundo, con una ganancia bruta de $5.680 millones de dólares en 2024. Se trata de un mercado de escala relevante que atrae el interés de operadores y proveedores de tecnología a nivel global.
Entre los actores que apuestan por el potencial mexicano se encuentra Playtech, uno de los principales proveedores tecnológicos del sector, que en sus recientes resultados del año fiscal 2025 destacó el rendimiento del mercado latinoamericano y el efecto catalizador esperado de la Copa del Mundo. Chris McGinnis, director financiero y consejero delegado de la compañía, señaló que el operador Caliente, con quien Playtech mantiene un acuerdo comercial en México, sigue mostrando un buen desempeño. McGinnis anticipó un repunte adicional durante el Mundial 2026, un evento que, en sus propias palabras, incrementará de forma significativa la visibilidad, la participación y el volumen de apuestas en el país.
El debate de fondo: cómo diseñar una política fiscal que no desincentive el juego legal
El caso mexicano pone de manifiesto un debate que se repite en múltiples jurisdicciones latinoamericanas: la tensión entre la necesidad de los gobiernos de aumentar la recaudación y la importancia de mantener condiciones que hagan competitivo al juego regulado frente a la oferta ilegal. Una política fiscal efectiva en este sector no puede evaluarse únicamente por la tasa nominal que establece, sino por su impacto real en la canalización y en los ingresos totales que genera el mercado legal. La experiencia internacional sugiere que los modelos de tributación más exitosos combinan tasas razonables con marcos regulatorios sólidos que favorecen la transparencia y la protección del jugador. La apuesta de México por una tasa del 50% sobre el GGR pone a prueba esa ecuación en uno de los mercados con mayor proyección de la región.
