En Washington D.C. El concejal del Distrito de Columbia Wendell Felder presentó un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio para los casinos en línea. La iniciativa, denominada Ley de Juegos de Azar en Internet y Protección del Consumidor de 2026, responde a un diagnóstico concreto: en 2024, los residentes del Distrito gastaron aproximadamente $700 millones de dólares en plataformas de juego en línea extraterritoriales, sin regulación local ni protección al consumidor.
El argumento central de Felder es que ese dinero ya circula, pero lo hace fuera del sistema regulado y sin beneficio fiscal para el Distrito. La propuesta apunta a capturar esa actividad dentro de un marco legal que genere recursos públicos y garantice condiciones mínimas de protección para los jugadores.
Qué juegos estarían permitidos y quién podría jugar
Según la propuesta, los operadores con licencia podrían ofrecer blackjack, póker, ruleta y tragamonedas en línea. El acceso estaría restringido a mayores de 21 años que se encuentren físicamente dentro del Distrito en el momento de realizar la apuesta, condición que se verificaría mediante tecnología de geolocalización.
La Oficina de Lotería y Juegos de Azar del Distrito quedaría a cargo de la regulación y fiscalización del sistema, con responsabilidad sobre los estándares de verificación de identidad, geolocalización y ciberseguridad que los operadores deberán cumplir para obtener y mantener su licencia.
El sistema de licencias: costos, impuestos y obligaciones
Los operadores interesados en operar en el mercado del D.C. deberían abonar una tasa de licencia inicial de $2 millones de dólares. Las renovaciones se fijarían en $500,000 cada cinco años. Estas tarifas buscan garantizar que solo actores con capacidad financiera y compromiso de largo plazo ingresen al mercado regulado.
Los ingresos brutos del juego ajustados estarían sujetos a un impuesto del 25%. Una parte de los gravámenes adicionales se destinaría a un Fondo de Reinversión Comunitaria, diseñado para financiar programas de asesoramiento financiero, servicios para víctimas, investigación en salud pública, formación de personal y servicios de atención a la adicción al juego.
La estructura fiscal busca que el crecimiento del sector genere retornos concretos para las comunidades más afectadas por el juego problemático, alineando los incentivos del operador con los objetivos de salud pública del distrito.
La prohibición de los casinos de sorteos: el cierre de un vacío legal
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la prohibición explícita de las plataformas de sorteos, conocidas en el mercado anglosajón como sweepstakes casinos. Estas plataformas operan distribuyendo monedas virtuales que los usuarios pueden canjear por dinero en efectivo o premios, lo que les permite replicar la experiencia del casino en línea sin quedar técnicamente dentro de la definición legal del juego de azar.
El obstáculo del Congreso: cómo funciona el proceso legislativo de Washington D.C.
Aunque el Distrito de Columbia tiene capacidad para legislar de forma autónoma en virtud de la Ley de Autonomía Local, toda norma aprobada por el Concejo Municipal debe atravesar un período de revisión en el Congreso federal antes de entrar en vigor.
El Congreso rara vez ejerce su poder de desaprobación, aunque la posibilidad existe y en materias de juego ha generado atención en el pasado. Si transcurre el período de revisión sin que el Congreso actúe, la ley podría entrar en vigor automáticamente.
Una vez superada esa etapa, los organismos reguladores del Distrito dispondrían de 90 días para redactar las normas de implementación, con un plazo total de 180 días para poner en marcha el sistema, siempre que se cumplan todos los requisitos regulatorios.
El contexto: un mercado de $700 millones que opera sin control
La iniciativa de Felder se enmarca en un debate más amplio sobre la regulación del juego en línea en Estados Unidos. La ausencia de un marco federal unificado ha generado un entorno fragmentado, donde distintos estados avanzan con modelos regulatorios propios, mientras otros mantienen vacíos legales aprovechados por operadores no autorizados.
Si el proyecto avanza, el D.C. se sumaría a los estados que han optado por regular el iGaming en lugar de prohibirlo, apostando a que un mercado ordenado y fiscalizado genera mejores resultados que el desplazamiento de la demanda hacia plataformas no reguladas.
