En la provincia de Córdoba, los casinos están cerrados hace 429 días: desde el 13 de marzo del 2020 hasta hoy. En enero pasado abrieron las salas de tragamonedas, que están concesionadas a la empresa CET, del Grupo Roggio y Carusso, pero ninguno de los 619 empleados del área de casinos volvió a trabajar porque no fueron habilitados los juegos de paño, que son los que opera el Estado.
Al ser estatal, Lotería de Córdoba no recibió en el 2020 el ATP, el programa nacional para subsidiar hasta el 50 % del salario del sector privado. Tampoco implementó algo parecido al recorte del 25 % del salario para el personal suspendido, como pasó en todo el sector privado bajo el paraguas del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Tampoco puso en marcha un programa de retiros voluntarios para achicar la planta de empleados, como hicieron Epec, el municipio de Córdoba, la Legislatura y hasta algunas áreas del Ejecutivo provincial.
Voceros de la entidad reguladora confirmaron al diario cordobés La Voz que los salarios se pagaron “normalmente y sin reducciones” y que no está previsto por el momento ofrecer la pasividad anticipada. Es más, los números indican que el Estado no sólo no recortó, sino que también mejoró los sueldos. En marzo del 2020, cuando inició la pandemia, los empleados de casino percibían en bruto 61 020 pesos, según los datos de los aportantes que releva la Caja de Jubilaciones. En marzo de este año, el salario promedio pasó a 80 964 pesos.
Los casinos entonces pasaron a un estado de “latencia”: están ahí, sin que el Ejecutivo o las propias autoridades de Lotería hagan algo para aminorar las pérdidas.
