En Buenos Aires, casi dos años después de su lanzamiento, el Plan Integral de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía Adolescente del gobierno bonaerense está bajo la lupa de la oposición. El diputado radical Valentín Miranda presentó esta semana un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, detalle qué organismos están a cargo de la implementación del programa, si este sigue vigente y con qué frecuencia se reúnen los funcionarios responsables.
El legislador también reclamó datos concretos sobre investigaciones en curso, relevamientos realizados y políticas públicas activas, reconociendo que, a pesar del consenso político alcanzado sobre la urgencia del problema, no existe información pública verificable sobre los resultados obtenidos.
Las medidas anunciadas por la provincia para enfrentar el problema
El Plan Integral fue anunciado en julio de 2024 como una respuesta coordinada entre siete ministerios y organismos provinciales. La iniciativa fue presentada por los titulares de las carteras de Salud, Seguridad, Justicia y Educación, junto al presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, y contó con el respaldo del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien aseguró que la directiva partió directamente del gobernador.
Entre las medidas prometidas se incluyeron la creación de espacios de atención y acompañamiento para jóvenes con adicción al juego, la distribución de materiales informativos en escuelas, la capacitación docente, el bloqueo de las direcciones IP de plataformas de apuestas en establecimientos educativos y la implementación de controles biométricos para restringir el acceso a mayores de edad. También se anunció una regulación publicitaria más estricta y límites más rigurosos para los operadores.
El contexto que motivó el plan era alarmante: una encuesta realizada en junio de 2024 entre 434 estudiantes secundarios reveló que el 34% había realizado apuestas online al menos una vez.
Qué quiere saber Miranda: asistencia, estadísticas y rol de las familias
El pedido de informes de Miranda abarca varios ejes críticos. En primer lugar, el legislador quiere conocer el estado actual de los programas de asistencia para jóvenes que atraviesan la adicción al juego: cuántas personas fueron atendidas y cuál es el rol que se le asigna a las familias en el proceso de acompañamiento.
También hizo hincapié en la ausencia de estadísticas oficiales sobre la participación de menores en plataformas de apuestas online, un vacío que, según advirtió, dificulta el diseño de políticas públicas efectivas. En materia educativa, Miranda solicitó información sobre los materiales de sensibilización distribuidos y los mecanismos de capacitación docente implementados por la Dirección General de Cultura y Educación.
«Nuestra intención es estrictamente colaborativa. Sabemos del consenso político alcanzado sobre que hay que hacer frente al avance de la ludopatía adolescente, por eso queremos cooperar para hacerlo y para eso necesitamos que el Poder Ejecutivo, en el tiempo más breve posible, responda las inquietudes planteadas», escribió el diputado en el escrito formal.
La comisión de juegos de azar: creada pero sin funcionar
El problema de la falta de seguimiento no se limita al Ejecutivo. Durante la primera sesión del año en curso, la Cámara de Diputados bonaerense acordó la creación de la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, un órgano técnico diseñado para dar tratamiento a la gran cantidad de proyectos legislativos acumulados sobre la materia. Sin embargo, la comisión aún no se ha implementado, lo que demora el debate de iniciativas que aguardan desde 2024.
Por qué importa actuar ahora en Buenos Aires
Miranda subrayó en su presentación la magnitud de las consecuencias que la ludopatía trae para los jóvenes. «Tenemos la misión de eliminar las consecuencias negativas de la ludopatía infantil, que inciden negativamente en el ámbito financiero, familiar, social, laboral y académico, como también aquellas que traen problemas en la salud física y mental», afirmó el legislador en Buenos Aires.
La ludopatía en menores es reconocida como un problema de salud pública que puede derivar en abandono escolar, conflictos familiares, deudas a temprana edad y cuadros de ansiedad o depresión. La proliferación de plataformas de apuestas online accesibles desde dispositivos móviles ha amplificado el riesgo, especialmente en poblaciones jóvenes con escasa regulación del entorno digital.
El reclamo de Miranda pone en evidencia una tensión recurrente en las políticas públicas de la región: la distancia entre el anuncio de planes de acción y la verificación concreta de sus resultados. Con la comisión legislativa aún sin funcionar y sin datos oficiales disponibles, la pregunta sobre qué quedó de las promesas de 2024 sigue sin respuesta.
