La decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile de obligar a las plataformas extranjeras de apuestas en línea a inscribirse y pagar IVA por sus operaciones en el país continúa generando reacciones en distintos sectores de la industria. La más reciente se suma a un debate que ya involucra a legisladores, operadores de casinos físicos, asociaciones del sector y autoridades del gobierno.
Mediante un comunicado difundido el último viernes, la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos (Fenasicajh) se pronunció sobre la Resolución Exenta N°69 de 2026, emitida por el SII el pasado 2 de junio, y reclamó con urgencia la aprobación de una ley que regule de forma integral el juego en línea en el país.
Fenasicajh: las medidas administrativas ya no son suficientes
La federación fue explícita al señalar los límites de las resoluciones administrativas como instrumento regulatorio. En su comunicado, Fenasicajh subrayó la «innegable» urgencia de tramitar el proyecto de ley que regula el sector para constituir una normativa «robusta», advirtiendo que «las medidas administrativas por sí solas ya no bastan» y que «Chile necesita una legislación moderna y definitiva».
La entidad también señaló que la irrupción de las plataformas digitales no debe interpretarse como una amenaza para la industria del juego, sino como una evolución del sector que, para funcionar correctamente, debe operar bajo los mismos estándares de seguridad y cumplimiento que rigen a los casinos físicos.
La resolución del SII y el choque de interpretaciones
La Resolución Exenta N°69 establece un sistema de inscripción para que las plataformas sin domicilio ni residencia en Chile puedan declarar y pagar el IVA correspondiente por los servicios de apuestas y juegos de azar prestados en el territorio nacional. Las plataformas que se inscriban deberán además regularizar el IVA adeudado por los últimos 36 períodos tributarios.
El SII precisó que la medida apunta a garantizar la equidad tributaria y evitar que los operadores extranjeros obtengan una ventaja competitiva frente a los contribuyentes locales que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
La resolución, sin embargo, no aborda la legalidad de la actividad en sí misma, competencia que recae en otros organismos. Esta distinción es precisamente la que ha generado el mayor punto de fricción en el debate público.
Legisladores y operadores tradicionales cuestionan la medida
Desde el ámbito legislativo, las reacciones han sido críticas. El senador Gastón Saavedra cuestionó que el SII adoptara la medida mientras la Cámara Alta aún debate sobre la regulación del sector, calificándolo como «una contradicción absoluta respecto de la democracia y el Estado de Derecho». Saavedra también advirtió sobre el vínculo entre la expansión del juego ilícito, el juego problemático, el endeudamiento y la actividad delictiva.
El senador Enrique van Rysselberghe fue más tajante y calificó la resolución de «un error», argumentando que las plataformas que no cumplen con la normativa vigente deben ser clausuradas y que el SII «malinterpretó la norma».
El gobierno defiende la resolución y los operadores online la celebran
En el otro extremo del debate, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la decisión del SII y sostuvo que el organismo simplemente cumple «su deber, sin tener que pronunciarse respecto de si eso es o no legal». La postura del gobierno refleja una distinción entre la función recaudatoria del SII y las atribuciones de otros organismos, como la Superintendencia de Casinos de Juego y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que han sido los encargados históricos de regular y fiscalizar la actividad.
La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL) celebró la resolución. En un comunicado, señaló que la medida restablece una vía para declarar y pagar impuestos en Chile, aporta certeza jurídica y fortalece la recaudación fiscal asociada a servicios digitales.
Una industria que reclama un marco legal definitivo
El coro de voces que exigen una regulación integral del juego en línea en Chile incluye ahora a los trabajadores del sector a través de Fenasicajh, que se suma a operadores, legisladores y la propia industria digital. La coincidencia en este punto, más allá de las diferencias sobre la resolución del SII, refleja el consenso creciente de que el vacío legal existente genera riesgos tanto para los usuarios como para la integridad del sistema tributario y la competencia entre operadores.
La Superintendencia de Casinos de Juego ha sostenido históricamente que las apuestas en línea carecen de autorización legal expresa y que solo pueden operar los operadores habilitados, postura que fue respaldada por la Corte Suprema. Sin un proyecto de ley aprobado, el debate regulatorio en Chile seguirá resolviéndose de forma fragmentada, resolución a resolución.
