Cuando el Poder Legislativo emana una norma lo hace porque el contexto económico, político y social atraviesa cambios y contingencias que merecen un marco jurídico que se adapte y provea soluciones estructurales. Supone, además, armonía en el poder público; por ello es un absurdo solicitar la aplicabilidad de una ley que tiene vigencia inmediata posterior a su promulgación.
El pasado 3 de mayo se agitó la sociedad colombiana por la noticia del momento: las cámaras aprobaron la hoja de ruta que el presidente Iván Duque Márquez formuló para su cuatrienio. La opinión pública aplaudía y deploraba el hecho; sin embargo, el sector de juegos de suerte y azar celebraba al unísono la noticia porque los legisladores contemplaron, en el artículo 59, un alivio presupuestal sin precedentes.
“Los operadores de Juegos de Suerte y Azar Localizados (casinos y bingos) que cumplan con las condiciones de conectividad y confiabilidad establecidas por la entidad administradora del monopolio pagarán, a título de derechos de explotación, el doce por ciento (12%) sobre los ingresos brutos, menos el monto de los premios pagados calculados sobre la totalidad de los elementos de juego autorizados en el contrato de concesión”.
Artículo 59 de la ley 1955 del 25 de mayo de 2019 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.
“Pagar por la utilidad es pagar por lo justo”, afirmó con vehemencia Elízabeth Maya Cano, presidente de Cornazar. Esta sentencia es suscitada por el carácter confiscatorio de la tasa impositiva actual, que obliga a los empresarios a pagar una renta presuntiva por los elementos de juego autorizados en los contratos de concesión.
Punto de quiebre
La celebración del sector fue silenciada por una circular emitida por Coljuegos —entidad administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia— el pasado 28 de junio. En ella la entidad fijó un cronograma sosegado para determinar las condiciones de “confiabilidad” y expresó que la norma no abarcaba a los contratos de concesión que están en vigencia. “Incertidumbre, desesperanza y agobio son los sentimientos que desencadena la Circular”, continuó Maya Cano.
El panorama actual es desalentador. Las agremiaciones, los empresarios y la sociedad en general se preguntan por qué la empresa estatal hace caso omiso a la misiva del Gobierno Nacional. La Presidencia de la República ha sido enfática en que la base del desarrollo está en el apalancamiento de la economía privada y su fórmula “Legalidad + Emprendimiento = Equidad” retumba en cada hogar colombiano. Entonces, ¿por qué un funcionario público no acata el mandato presidencial?, y ¿qué interés persigue la entidad que está desligado de su máximo líder? “Hago un llamado a la entidad para que interprete la norma de una manera justa para los empresarios de la industria.
Coljuegos debe entender que somos aliados estratégicos y que si la economía del empresario crece, el recaudo público también lo hará. Espero que este sector, con tantas oportunidades y potencialidades, se enrumbe por el camino del éxito, la justicia y la equidad”, finalizó la presidente de Cornazar, quien espera dejar de reclamar por los derechos adquiridos por los empresarios del sector, en beneficio de la economía pública y la privada.
