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Operadores ilegales en Filipinas suplantan al regulador de California para estafar usuarios

Filipinas

Lisa Wardall, directora ejecutiva de la comisión, firmó el aviso que detalla cómo los estafadores reclaman que los ganadores deben pagar una supuesta «Tarifa de Procesamiento Administrativo» impuesta por el regulador antes de poder cobrar sus premios. Esta práctica constituye una violación directa de las leyes de identidad corporativa y protección al consumidor.

Cómo operan los criminales

La operación fraudulenta ha establecido su base de operaciones en la ciudad de Mandaluyong, una importante zona urbana cercana a Manila, capital de Filipinas. Los estafadores han creado una infraestructura sofisticada que incluye páginas de Facebook en idioma filipino, transmisiones en vivo que simulan sorteos de tarjetas rasca y gana, y documentación falsificada que aparenta cumplir con regulaciones estadounidenses.

A pesar de mostrar un número telefónico de Estados Unidos para dar apariencia de legitimidad, toda la comunicación se realiza en filipino y los montos de las supuestas tarifas administrativas se denominan en pesos filipinos. Los estafadores han diseñado documentos que imitan revisiones de cumplimiento, liquidaciones de transacciones y otros requisitos procedimentales bajo el pretexto de la ley californiana.

Facebook como plataforma principal del fraude

NEXT.io confirmó la existencia de al menos una página de Facebook destacada por el regulador, donde se llevan a cabo las actividades fraudulentas. La página presenta transmisiones en vivo de individuos que hablan filipino mientras aparentan apostar usando las tarjetas rasca y gana falsas. Esta estrategia busca crear una ilusión de transparencia y legitimidad ante víctimas potenciales.

Las redes sociales se han convertido en el vehículo preferido para este tipo de fraudes de juego, ya que permiten alcanzar audiencias masivas con inversiones mínimas y ofrecen cierto grado de anonimato a los perpetradores. La plataforma de Meta ha sido criticada en múltiples ocasiones por su lenta respuesta ante operaciones fraudulentas que utilizan sus servicios.

La prohibición total de los POGO y la Ley Anti-POGO de 2025

El presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró la prohibición total de los Philippine Offshore Gaming Operators durante su discurso sobre el estado de la nación en julio de 2024. Esta medida obtuvo una ovación de pie de los legisladores y marcó un cambio drástico en la política gubernamental hacia esta industria problemática.

El 23 de octubre de 2025, Marcos firmó la República Act 12312, conocida como la «Ley Anti-POGO de 2025», que declara ilegales todas las operaciones offshore de juego en el país. La legislación prohíbe el establecimiento, operación o conducción de juegos offshore, la aceptación de apuestas offshore, la creación de centros POGO, y el uso o posesión de equipos de juego relacionados.

Las sanciones bajo esta ley son severas: de seis a ocho años de prisión y multas de hasta 15 millones de pesos filipinos (aproximadamente $255,275 dólares) para una primera ofensa, aumentando hasta 12 años y 50 millones de pesos (alrededor de $850,920 dólares) para violaciones repetidas. Los funcionarios públicos declarados culpables enfrentan las penas máximas, mientras que los infractores extranjeros serán deportados después de cumplir su sentencia y prohibidos permanentemente de reingresar al país.

Impacto en las relaciones Filipinas-China

El embajador filipino en China, Jaime FlorCruz, declaró a CNN que la mayoría de los perpetradores en los POGO son de China, pero muchas de las víctimas también son chinas. Explicó que los POGO han persistido porque involucran grandes cantidades de dinero que aportan ingresos a las tesorerías locales y crean empleos en algunas áreas de Filipinas, aunque los centros de juego han generado diversas actividades criminales que empañan la imagen de China ante el público filipino.

FlorCruz afirmó que la prohibición de POGO es buena para las relaciones Filipinas-China, proporcionando una oportunidad de cooperar en algo mutuamente beneficioso y permitiendo que ambos lados trabajen juntos por el bien público. Las dos partes han estado cooperando en intercambio de inteligencia y en la identificación y repatriación de ciudadanos chinos implicados en crímenes.

En mayo de 2025, China repatrió a más de 160 ciudadanos chinos involucrados en juegos offshore en Filipinas en colaboración con las autoridades filipinas. La embajada china en Manila reiteró que según las leyes y regulaciones chinas, el juego en cualquier forma por parte de ciudadanos chinos, ya sea juego en línea o en el extranjero, es ilegal.

Un llamado a la vigilancia y la acción coordinada

La estafa de California Scratch Card representa solo la punta del iceberg en el complejo ecosistema del juego ilegal en el sudeste asiático. La suplantación del regulador californiano demuestra la audacia creciente de las organizaciones criminales y su disposición a explotar la confianza pública en instituciones gubernamentales para perpetrar fraudes.

La respuesta debe ser multifacética: aplicación de ley robusta, cooperación internacional sin fisuras, educación pública intensiva, y regulación inteligente que canalice la demanda de juego hacia operadores legítimos y responsables. El enfoque de Filipinas de prohibición total con transición hacia operadores domésticos regulados representa un experimento significativo que será observado de cerca por otras jurisdicciones que enfrentan desafíos similares.

Para los consumidores, el mensaje es claro: la vigilancia es esencial. Ninguna operación de juego legítima exige pagos anticipados para liberar ganancias, ningún regulador real cobra «tarifas de procesamiento administrativo» para premios, y cualquier operación que no pueda verificarse en registros oficiales debe ser tratada con extrema sospecha.

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