México llega a 2026 con una industria de juegos y apuestas que creció más rápido que su propio marco normativo. El mercado ya supera los 10.000 millones de dólares anuales, cuenta con más de 30 millones de jugadores digitales potenciales y opera, en su mayor parte, bajo una ley aprobada en 1947 que no contempla el juego en línea, la economía de datos ni los estándares modernos de protección al jugador.
El proceso de modernización que el sector esperaba desde hace décadas ha entrado finalmente en una etapa decisiva, y lo que se resuelva en los próximos meses determinará si México se convierte en el mercado regulado más grande de América Latina o si consolida una informalidad que hoy concentra cerca del 60% de la actividad en línea.
Un gigante con reglas del siglo pasado
El diagnóstico que circuló entre ejecutivos y autoridades durante el panel Mexico: Reaching Market Maturity, or More to Go? en el SBC Summit 2025 de Lisboa fue preciso: México es un gigante dormido. No por falta de actividad, sino por ausencia de un marco normativo moderno. Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios (AIEJA) y moderador del panel, lo resumió con claridad: el país analiza en paralelo una nueva Ley Federal de Juegos y una reforma fiscal que eleva tasas hasta el 50% para plataformas sin licencia.
Aviv Sher, CEO de Codere, fue más directo aún: México no tiene una regulación real, sino concesiones heredadas de mediados del siglo pasado, y la discusión se ha centrado demasiado en cómo recaudar en lugar de construir un marco capaz de sostener el crecimiento.
La nueva ley: un cambio estructural sin precedentes
En octubre de 2025, el legislador Ricardo Mejía Berdeja presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para derogar por completo la ley de 1947. La propuesta contempla la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, una autoridad desconcentrada que asumiría funciones de regulación, inspección y sanción, reduciendo la discrecionalidad del sistema actual y acercando el modelo mexicano al de referentes como Colombia o España.
La iniciativa también incorpora medidas de juego responsable, establece una edad mínima de 21 años, exige mecanismos de autoexclusión, prohíbe cajeros automáticos dentro de salas de juego y propone límites de apuesta basados en la capacidad económica del jugador. Las sanciones contra operadores ilegales podrían alcanzar los 200.000 salarios mínimos, con facultades explícitas para clausurar establecimientos irregulares.
Andrea Avedillo Builla, directora legal de Lazcano Sámano, explicó el alcance real del cambio: «Una nueva ley de juegos que sustituya a la de 1947 implicaría un cambio estructural sin precedentes. No se trata únicamente de actualizar reglas obsoletas, sino de redefinir los fundamentos del modelo regulatorio: transitar de un sistema de permisos administrativos amplios y discrecionales a un régimen normativo integral, con criterios técnicos, obligaciones claras y un regulador especializado.»
Sobre el diseño institucional, Avedillo Builla añadió que un regulador fuerte y técnicamente capacitado reduce litigios, mejora el cumplimiento y genera confianza, siempre que exista una transición ordenada y reglas claras para el mercado existente.
El Paquete Fiscal 2026 y sus efectos en la industria
En paralelo a la reforma legislativa, el Congreso aprobó el Paquete Fiscal 2026 con medidas de impacto directo sobre el sector. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al juego subió del 30% al 50%, alcanzando también a los casinos en línea. Además, todas las plataformas quedan obligadas a registrarse en el RFC y a retener la totalidad del impuesto.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvo facultades sin precedentes para acceder en tiempo real a datos de plataformas digitales, lo que reconfigura completamente el costo operativo de los operadores legales y eleva el estándar de trazabilidad exigido a todo el ecosistema.
Lo que México puede ganar o perder en 2026
Si el país logra combinar una nueva ley moderna, una carga fiscal equilibrada y políticas efectivas contra el lavado de dinero, México podría posicionarse como el mercado regulado más grande de América Latina, superando a Colombia, Perú y Chile en conjunto. El volumen de demanda potencial, con más de 30 millones de jugadores digitales, sostiene ese escenario.
Pero si la presión impositiva supera la capacidad de absorción de la industria formal, el mercado ilegal seguirá creciendo, profesionalizándose y captando a los jugadores y operadores que el sistema regulado no logre retener.
Lo que está en juego no es solo recaudación fiscal. Es la credibilidad del mercado, la protección real al jugador y la posibilidad de construir una industria competitiva capaz de atraer inversión global. México está frente a una decisión histórica, y el margen para tomarla bien se reduce con cada mes que pasa.
