Mientras unos estados celebran récords históricos de ingresos y crecimiento, otros aún vetan por completo cualquier forma de apuesta. Estados Unidos, tierra de la innovación y las grandes ligas, arrastra un sistema regulatorio que parece hecho para dividir.
En Estados Unidos, cruzar una línea estatal puede cambiarlo todo. Puedes estar apostando desde tu celular en Nueva Jersey a un partido de la NBA, y apenas una hora después, si pasas a Pensilvania, seguir jugando sin interrupciones. Pero si aterrizas en Hawái o conduces hacia Utah, todo se desvanece: ni ruletas, ni slots, ni siquiera una inocente lotería.
Así de caprichoso es el mapa del juego en la principal economía del planeta. Un país que lidera en tecnología, medios y entretenimiento, pero que sigue operando con 50 regulaciones distintas para una industria que crece a velocidad récord.
En 2023, el juego comercial generó $66,5 millones en ingresos, el máximo histórico según la American Gaming Association (AGA), la principal asociación comercial que representa a la industria de casinos y juegos de azar en Estados Unidos. Sin embargo, ese crecimiento no se distribuye de forma pareja: mientras unos estados compiten por atraer operadores e inversiones, otros levantan barreras políticas, morales o ideológicas.
UN MAPA QUE DIVIDE
El contraste es tan evidente como incómodo. Nevada, cuna de Las Vegas, sigue siendo el símbolo de una industria que encontró en el desierto un oasis fiscal y cultural. Solo en 2023, sus ingresos por juego superaron los $15.5 mil millones, con más de la mitad provenientes del famoso “Strip”.
Nueva Jersey, en cambio, apostó por lo digital. Fue uno de los primeros en regular el juego online tras la derogación de la ley PASPA en 2018. El resultado: $5.8 mil millones en ingresos totales por juego el año pasado, con $1.9 mil millones provenientes exclusivamente de plataformas online.
Y luego está Michigan, que legalizó el iGaming en plena pandemia y sorprendió al sector con $2.3 mil millones de ingresos digitales en 2023, posicionándose como el nuevo laboratorio regulatorio del Medio Oeste.
Frente a ellos, otros estados permanecen en el silencio. Utah no solo prohíbe el juego, sino que ni siquiera considera propuestas para debatirlo. En Hawái, el rechazo al azar tiene raíces culturales y políticas. Son territorios donde ni las apuestas deportivas, ni los casinos, ni las loterías estatales tienen lugar. En pleno siglo XXI, millones de ciudadanos siguen viviendo al margen de una de las industrias más pujantes del país.
LOS GIGANTES QUE DUDAN
Uno pensaría que los estados más poblados deberían liderar la industria. Pero en EE. UU., no todo sigue la lógica del mercado. California, con 39 millones de habitantes, ha intentado sin éxito regular las apuestas deportivas. Referendos fallidos, tensiones con tribus indígenas y desacuerdos políticos han mantenido bloqueado un mercado que podría generar más de $3 mil millones anuales.
Florida, en cambio, ha avanzado con un modelo más complejo: un acuerdo entre el estado y la tribu Seminola que le otorga el monopolio de las apuestas deportivas. Aunque la medida ha sido cuestionada judicialmente, el potencial es enorme. En 2023, el estado comenzó a operar con proyecciones de ingresos superiores a los $500 millones anuales.
Ambos casos reflejan lo mismo: el peso de la política es tan decisivo como el potencial económico. No se trata solo de cuánto se puede ganar, sino de quién está dispuesto a ceder el control. Y en esa negociación, las tribus indígenas, los operadores tradicionales, las legislaturas locales y los grupos religiosos se enfrentan con visiones muy distintas sobre lo que el juego representa.
JUEGO DIVIDIDO
Para los grandes operadores, expandirse por EE.UU. es como jugar al Tetris: cada estado exige una configuración distinta. Nuevas licencias, reglas específicas para la publicidad, sistemas de geolocalización, límites fiscales, alianzas locales.
No se trata solo de burocracia. Esta diversidad normativa provoca:
- Distorsión en la competencia: Algunos operadores pueden operar en múltiples estados, mientras que otros quedan fuera por falta de recursos legales o por no tener aliados físicos en los estados que lo exigen.
- Riesgo para los usuarios: Las diferencias en controles de verificación, prevención del juego problemático y canales de reclamo generan brechas que afectan al consumidor final.
- Frenos a la innovación: Modelos que podrían ser escalables, como juegos en vivo, apuestas interactivas o inteligencia artificial para personalizar la experiencia, se ralentizan al tener que adaptarse a múltiples marcos regulatorios.
UN SUEÑO FEDERAL
La idea de una regulación nacional aparece y desaparece del debate político como un espejismo. Algunos legisladores han planteado la necesidad de un marco federal que homologue aspectos básicos: protección al consumidor, integridad del juego, fiscalidad digital. Pero la estructura legal estadounidense es clara: la competencia sobre el juego es estatal, y muchos gobernadores no están dispuestos a soltar ese poder.
En su lugar, surgen acuerdos interestatales como el que permite compartir liquidez en el póker online entre Nevada, Nueva Jersey, Delaware y Michigan. Pero son excepciones, no la norma. También han surgido consorcios regulatorios que comparten buenas prácticas y definen marcos de referencia, pero sin poder legal vinculante.
Las plataformas avanzan como pueden, invirtiendo millones en adaptar sus sistemas a una jungla legal donde cada paso es un riesgo calculado. En lugar de un ecosistema, el mercado estadounidense parece un archipiélago: cada isla tiene sus reglas, sus leyes, su idioma.
EL FACTOR TECNOLÓGICO
La tecnología se ha convertido en la gran aliada, a veces enemiga, de esta expansión fragmentada. Las plataformas de juego deben integrar soluciones sofisticadas de geolocalización que bloqueen o permitan el acceso según la ubicación exacta del usuario, incluso si este se encuentra a metros de una frontera estatal. Un jugador puede apostar legalmente desde el lado de Nueva Jersey en un puente, pero ser bloqueado al cruzar caminando hacia Nueva York, si está en una zona donde aún no se han implementado ciertos permisos.
Este nivel de precisión ha obligado a las operadoras a colaborar con proveedores especializados en trazabilidad digital y autenticación de usuarios, lo que ha elevado los costos de entrada y operación.
Pero la geolocalización es solo la punta del iceberg. Cada estado impone diferentes exigencias en cuanto a verificación de identidad, edad, prevención del fraude o límites de gasto responsable. Esto implica que las plataformas deben construir arquitecturas legales y técnicas completamente personalizadas para cada jurisdicción. Un software que opera con fluidez en Michigan puede requerir adaptaciones sustanciales para funcionar en Pensilvania o Connecticut.
Lo que en un estado es suficiente para abrir una cuenta, en otro puede implicar validaciones adicionales con bases de datos estatales o verificaciones bancarias. Este desafío técnico, lejos de frenar al sector, ha incentivado una carrera de innovación que ha beneficiado incluso a otras industrias, como la ciberseguridad, la banca digital o el marketing geolocalizado.
En este entorno, los desarrolladores de plataformas no solo deben pensar como ingenieros, sino como legisladores, auditores y estrategas jurídicos.
EL PULSO QUE NO TERMINA
El juego en Estados Unidos es una paradoja. Crece como ningún otro mercado. Genera empleo, ingresos fiscales, innovación tecnológica y contenidos de entretenimiento que cruzan fronteras. Pero al mismo tiempo, se encuentra atrapado en una estructura legal que parece diseñada para dividir más que para construir.
En una industria donde la velocidad lo es todo, cada frontera estatal se convierte en un muro invisible. Y, sin embargo, los operadores siguen apostando. Porque donde hay obstáculos, también hay oportunidades. Y porque saben que, en algún momento, las fichas pueden volver a caer a su favor.
Estados Unidos no es un país, es un tablero. Y la partida, lejos de terminar, recién comienza.
