En la Unión Europea (UE), una petición presentada por un ciudadano chipriota que solicita la prohibición de toda la publicidad de juegos de azar en el territorio desencadenó un debate en el Parlamento sobre el equilibrio entre la protección del consumidor y los posibles efectos de una restricción generalizada sobre el mercado regulado. El peticionario argumentó que la publicidad de juegos de azar tiene una presencia excesiva en redes sociales, vallas publicitarias y otros canales, con efectos especialmente preocupantes sobre grupos vulnerables como menores de edad, adultos mayores y personas en proceso de recuperación de la adicción al juego.
Peter Agius cuestiona la eficacia de una prohibición generalizada
Peter Agius tomó posición durante la audiencia para plantear una advertencia de fondo: una prohibición amplia y sin matices de la publicidad de juegos de azar podría producir el efecto contrario al buscado. En lugar de proteger a los jugadores, podría empujarlos hacia operadores ilegales que no aplican ninguna medida de protección al consumidor.
Agius reconoció que la protección de los menores y la prevención de la adicción deben seguir siendo objetivos prioritarios de cualquier política pública en este ámbito. Sin embargo, cuestionó que una restricción publicitaria generalizada sea el instrumento adecuado para alcanzarlos, e instó a los responsables políticos a evaluar con rigor si esa medida reduciría los daños reales o simplemente redirigiría la demanda hacia el mercado no regulado.
El diputado también recordó que la política de juegos de azar sigue siendo en gran medida competencia de los Estados miembros, mientras que la regulación se concentra en combatir la publicidad engañosa o agresiva, no en prohibir la publicidad del sector en su conjunto.
Los datos del mercado ilegal respaldan el argumento
Para sustentar su posición, Agius citó un estudio de 2023 encargado por el regulador francés Autorité Nationale des Jeux (ANJ) y elaborado por Strategy& —división de PwC—, que cuantificó el peso de los operadores ilegales en los mercados de juego en línea de varios Estados miembros.
El dato más contundente del estudio apunta a que la conducta de juego problemático era más de tres veces más frecuente entre los usuarios de operadores ilegales —con una incidencia del 66%— que entre quienes utilizaban plataformas reguladas, donde la tasa se situaba en el 22%. Para Agius, esta diferencia demuestra que la canalización hacia el mercado regulado es, en sí misma, una herramienta de protección al consumidor.
El avance del mercado ilegal es difícil de ignorar
La advertencia del eurodiputado maltés se produce en un contexto marcado por el creciente debate sobre el impacto del mercado ilegal en distintos países europeos.
En los Países Bajos, la asociación comercial VNLOK inició acciones legales contra Meta tras detectar un incremento abrupto de anuncios de juegos de azar ilegales en Facebook e Instagram. Las estimaciones del sector apuntan a que los operadores sin licencia representaron más del 95% de los anuncios relacionados con juegos de azar publicados en esas plataformas durante el último trimestre de 2025. Además, la tasa de canalización del mercado neerlandés cayó por debajo del 50% en 2025, con el mercado ilegal superando al sector con licencia en términos de ingresos brutos.
Alemania ofrece otro ejemplo de los efectos no deseados de las restricciones excesivas: las estrictas normas del mercado germano impulsaron a una parte significativa de los jugadores hacia operadores sin licencia, erosionando la base del mercado regulado.
Regulación bien calibrada frente a prohibición indiscriminada
El argumento central de Agius apunta a un consenso que viene tomando fuerza entre operadores regulados y organismos del sector: la canalización y la protección al consumidor son objetivos inseparables, no contrapuestos. Un mercado regulado que exige verificación de edad, promueve el juego responsable y monitorea los comportamientos de riesgo protege más al jugador que un mercado fragmentado donde los operadores ilegales compiten sin restricciones en el mismo entorno digital que las plataformas con licencia.
Las divergencias entre Estados miembros en materia de publicidad de juegos de azar —con algunos endureciendo sus regímenes y otros manteniéndolos más permisivos— hacen aún más compleja la búsqueda de una respuesta regulatoria común a escala.
