El crecimiento acelerado de los mercados de predicción en Estados Unidos volvió a instalar el debate regulatorio sobre apuestas deportivas y supervisión federal en el Congreso. Lo que entonces era un mercado de contratos sobre eventos políticos, dominado por plataformas como Kalshi tras manejar más de $175 millones de dólares en operaciones con la victoria de Donald Trump, se ha transformado en una industria multimillonaria que combina apuestas deportivas tradicionales con derivados financieros sobre resultados deportivos. La valoración de Kalshi, por ejemplo, ha escalado hasta los $22.000 millones de dólares.
Ese crecimiento acelerado, acompañado por una ola de escándalos que sacude a múltiples ligas, fue el telón de fondo de una tensa audiencia celebrada esta semana en el Capitolio, convocada por la senadora Marsha Blackburn, presidenta del Subcomité de Comercio del Senado sobre Protección del Consumidor, Tecnología y Privacidad de Datos. El evento llevó el título de «Sin apuestas seguras: Protegiendo la integridad del deporte en Estados Unidos».
Estados Unidos: Los mercados de predicción, en el banquillo
Lo que se anunciaba como una audiencia sobre integridad deportiva derivó rápidamente en un debate sobre los mercados de predicción, convirtiendo el evento en una suerte de choque entre facciones que los propios expertos del sector habían anticipado. Patrick McHenry, asesor principal de la Coalición para los Mercados de Predicción, concentró buena parte de las preguntas de los senadores, centradas en si estas plataformas cuentan con garantías suficientes para los consumidores.
El senador de Colorado John Hickenlooper relató el caso de un mercado de predicciones que contrató a una influencer de 15 años para promocionar su producto en redes sociales, lo que generó un intercambio directo sobre publicidad dirigida a menores. McHenry afirmó desconocer esa campaña pero se mostró dispuesto a dialogar con el Congreso para implementar medidas que impidan el acceso de menores a estas plataformas.
Sobre la jurisdicción regulatoria, McHenry argumentó que los derivados deportivos corresponden a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), respaldándose en una reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito. El presidente de la CFTC, Michael Selig, no asistió a la audiencia.
Copa del Mundo 2026 y el crimen organizado: una prueba de fuego para el FBI
El contexto deportivo inmediato también dominó parte del debate. Antes de la audiencia, Deutsche Bank proyectó que el volumen de apuestas en Estados Unidos durante la Copa del Mundo podría superar los $4.000 millones de dólares, en un torneo que se celebra del 11 de junio al 19 de julio en territorio norteamericano por primera vez en 32 años.
Blackburn recordó que estudios previos estiman que aproximadamente el 10% de los ingresos del crimen organizado provenientes de empresas extranjeras se derivan de las apuestas deportivas ilegales, y citó datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que señalan que al menos $140.000 millones se blanquean anualmente a través de operadores no regulados. La FIFA, por su parte, ha reforzado su trabajo de integridad de cara al torneo, reuniendo a organismos como el FBI, la Interpol y la UNODC en talleres específicos. Para Blackburn, la Copa del Mundo podría funcionar como prueba de fuego para el FBI antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Las posiciones sobre regulación federal
El panel de testigos reflejó la diversidad de posturas sobre el papel del Congreso. Bill Miller, presidente de la Asociación Estadounidense del Juego, y Mary Beth Thomas, del Consejo de Apuestas Deportivas de Tennessee, coincidieron en que el Congreso debería reafirmar los derechos de los estados y las tribus en materia regulatoria. McHenry, en cambio, indicó que su coalición está dispuesta a colaborar si el Congreso decide ejercer su autoridad, sin tomar una posición cerrada sobre el modelo de supervisión.
Desde el ámbito académico, Matt Bakowicz, director del programa de Gestión de Negocios Deportivos de la American University y exresponsable de operaciones de juego en Foxwoods Resort Casino, propuso un marco federal de integridad deportiva que contemplaría notificación obligatoria de apuestas sospechosas, protocolos estandarizados para el intercambio de información, supervisión independiente, intercambio de datos protegido por la privacidad entre ligas y operadores, y reglas coherentes para mercados de alto riesgo. «El objetivo debe ser la coordinación y el establecimiento de normas mínimas de obligado cumplimiento, no una intervención federal generalizada en la política de apuestas deportivas», sintetizó.
¿Legislación antes de 2030?
Blackburn no garantizó que un proyecto de ley con normas federales sobre apuestas deportivas se convierta en ley antes de 2030, pero indicó que la posibilidad existe y depende de la velocidad con que el Congreso avance en el análisis del tema. La senadora señaló que hay interés genuino entre los miembros del comité para seguir adelante, y que audiencias como la de esta semana sientan las bases para que el FBI y otros organismos estén preparados para responder a las amenazas que se avecinan, incluidos los grandes eventos deportivos de los próximos años.
