El Gobierno de Canarias ha dado un paso decisivo en la modernización de su marco regulatorio para la industria del juego: la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha remitido al Consejo Consultivo el proyecto de decreto que reorganiza la planificación de los juegos y apuestas en el archipiélago. La iniciativa, que llega tras recibir la resolución favorable del Parlamento canario, busca poner fin a la dispersión normativa que ha caracterizado al sector durante años.
Por qué Canarias necesitaba una nueva regulación del juego
La norma vigente hasta ahora descansaba en gran medida sobre el Decreto 26/2012, de 30 de marzo, que aprobó el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias. Desde entonces, la evolución del sector ha generado vacíos legales que el decreto en tramitación pretende corregir mediante un instrumento de planificación único, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los operadores que deseen acceder al mercado como a los usuarios que participan en las distintas modalidades de juego.
La nueva norma también tiene una dimensión orientada al consumidor: garantizar que la ciudadanía cuente con un sistema de control que le permita conocer y gestionar los riesgos asociados al juego.
Cambios clave en el registro de prohibidos de acceso al juego
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la modificación del artículo 24 del Reglamento de homologación de juego y del Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 42/1998. La reforma introduce por primera vez un plazo de duración para las inscripciones en el registro de autoexclusión, tanto en los casos de autoprohibición como de prohibición solicitada por terceros con un interés legítimo sobre el patrimonio del afectado.
Hasta ahora, la normativa canaria no contemplaba ningún plazo definido para estas inscripciones. El decreto establece que tendrán carácter indefinido, aunque prevé la posibilidad de cancelación una vez transcurridos seis meses desde la fecha de inscripción. La medida apunta especialmente a reforzar la protección de colectivos vulnerables, en línea con la tendencia regulatoria que se observa en otras jurisdicciones europeas y latinoamericanas.
Obligatoriedad del servicio de admisión en salones recreativos
El texto incluye además una exigencia operativa directa para los establecimientos del sector: a partir de la entrada en vigor del decreto, todos los salones recreativos y de juegos deberán contar obligatoriamente con un servicio de admisión encargado de impedir el acceso a la zona de juego a personas menores de edad. Esta medida supone una formalización de controles que hasta ahora no estaban expresamente reglamentados con este nivel de detalle en Canarias.
Una planificación sectorial de hasta diez años
El decreto aprueba un plan de ordenación con una vigencia inicial de cinco años, prorrogable por otros cinco en función de las circunstancias que afecten al sector. Entre los factores que se tendrán en cuenta para decidir sobre la prórroga figuran variables demográficas, socioeconómicas y la distribución geográfica del archipiélago, un elemento que dota al modelo regulatorio de cierta flexibilidad ante un mercado en constante cambio.
Con este decreto, Canarias se suma a la tendencia de modernización normativa que recorre buena parte de las comunidades autónomas españolas y que busca equilibrar el desarrollo de la industria del juego con mecanismos sólidos de protección al usuario.
La reforma también responde a un contexto en el que las administraciones públicas de España han intensificado sus esfuerzos para fortalecer las políticas de juego responsable y adaptar los marcos regulatorios a las nuevas realidades del mercado. El crecimiento de las distintas modalidades de entretenimiento vinculadas al sector, junto con una mayor preocupación por la protección de los consumidores, ha impulsado la revisión de normativas que en muchos casos fueron diseñadas para un escenario muy diferente al actual.
En este sentido, Canarias busca dotarse de herramientas más modernas para supervisar la actividad, mejorar los mecanismos de prevención y garantizar que el desarrollo empresarial del sector se produzca bajo criterios de transparencia, control y seguridad jurídica. La actualización normativa también pretende ofrecer una respuesta equilibrada a los retos derivados de la evolución tecnológica y de los cambios en los hábitos de consumo, consolidando un modelo regulatorio capaz de combinar crecimiento económico, protección de los usuarios y una planificación ordenada de la oferta de juego en todo el archipiélago.
