El sector del juego presencial en Italia continúa sin una hoja de ruta clara. El gobierno no aprueba los términos finales de la reorganización del sector minorista, un proceso que llevaba dos años de negociaciones entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas.
Durante la última semana trascendió en Roma que la oficina de la primera ministra Giorgia Meloni rechazó la versión final del decreto y la devolvió al MEF para una nueva revisión. El subsecretario de la Presidencia del Consejo, Alfredo Mantovano, confirmó que cualquier decreto definitivo no modificará las distancias mínimas que las autoridades regionales exigen actualmente entre los locales de juego y sitios sensibles, como escuelas.
El nuevo retraso representa un revés para la agenda regulatoria del Ejecutivo. Después de impulsar la reforma del mercado del juego online en noviembre de 2025, Meloni buscaba concluir antes del 29 de agosto la reorganización del segmento presencial, una tarea más compleja debido a las diferencias políticas entre el gobierno central y las administraciones regionales. Esa fecha coincide con el vencimiento de las facultades de delegación fiscal otorgadas al Ejecutivo.
El punto de discordia en Italia: las distancias mínimas
Las negociaciones se estancan por el futuro de las normas de distanciamiento. El MEF pretendía unificar las distintas legislaciones regionales y fijar reglas comunes sobre distancias mínimas, horarios de apertura, certificación de locales y concesiones. Las regiones, sin embargo, se resisten a ceder estas atribuciones porque consideran el juego un problema de salud pública.
Este desacuerdo refleja un patrón habitual en la política italiana: las reformas nacionales suelen chocar con disputas constitucionales entre el gobierno central y las regiones sobre el control de áreas clave.
El estancamiento también complica el nuevo programa de concesiones para el juego minorista, un tema urgente. Antes del revés de la semana pasada, las conversaciones se centraban en definir los términos de compensación con la Conferencia, que representa a las 20 provincias autónomas y 110 municipios del país. Si las restricciones regionales de distanciamiento se mantienen, será difícil convocar nuevas licitaciones para casas de apuestas, máquinas tragamonedas y salas de bingo, pues los operadores no logran identificar ubicaciones que cumplan los requisitos vigentes.
Repercusiones económicas en Italia
El retraso también tiene un costo fiscal para el Tesoro italiano. Las nuevas subastas de concesiones debían generar entre 1.960 y 2.180 millones de dólares en ingresos por licencias iniciales. Además, la reforma completa buscaba dar mayor seguridad jurídica a los operadores y establecer un marco regulatorio uniforme en todo el país.
El paquete incluía una definición nacional de lugares sensibles, horarios armonizados, certificación obligatoria de locales, un registro nacional de operadores, nuevas reglas de publicidad y estándares técnicos para las máquinas de juego más modernas.
Poco tiempo antes de que venza la delegación fiscal, a fines de agosto, un desenlace legislativo luce cada vez más improbable. Incluso si el Consejo de Ministros aprueba el decreto, todavía necesitaría el visto bueno de la Conferencia de Estados y Regiones y de las comisiones parlamentarias. Mientras tanto, el gobierno mantiene el mercado activo al extender las concesiones del juego minorista hasta el 31 de diciembre de 2026.
Analistas de mercado, entre ellos Morgan Stanley, señalan que la prórroga del régimen actual es el escenario más probable, y que sin acuerdo político la reforma podría posponerse uno o dos años más. La Asociación AGIC, que agrupa a empresas como Flutter Entertainment, Lottomatica, Entain, bet365 y Brightstar, advirtió que las sucesivas prórrogas dejan al mercado italiano sin certeza a largo plazo desde hace casi una década, lo que desalienta la inversión y frena la modernización del sector.
¿Quién cede primero?
No está claro si Meloni retomará las negociaciones pronto. Se espera que el Parlamento priorice la aprobación del Presupuesto de 2027 en septiembre, por lo que hay poco interés en reabrir una disputa tan polémica antes de las elecciones de 2027.
No obstante, dejar sin resolver la reforma probablemente generará más conflictos judiciales. Los tribunales federales y regionales italianos ya enfrentan numerosas disputas derivadas de las prórrogas de concesiones y de los choques entre las licencias estatales y las restricciones municipales. Por ahora, el gobierno y las regiones parecen dispuestos a esperar a ver quién cede primero.
