El debate regulatorio sobre los mercados de predicciones sigue ganando fuerza en Estados Unidos. En menos de 48 horas, los legisladores de Nueva Jersey y Vermont introdujeron propuestas para controlar estas plataformas, que operan en una zona gris entre las finanzas y el juego de azar. El conflicto de fondo es el mismo en ambos casos: determinar si estos mercados son instrumentos financieros bajo jurisdicción federal o formas de apuesta sujetas a la regulación estatal, una disputa que involucra a operadores como Kalshi y Polymarket y que se está resolviendo en los tribunales con resultados disímiles.
Los mercados de predicciones permiten a los usuarios comprar y vender contratos cuyo valor depende del resultado de eventos futuros: desde elecciones presidenciales hasta resultados deportivos, pasando por indicadores económicos o decisiones judiciales. Su crecimiento en los últimos años fue explosivo, impulsado en parte por el auge de las criptomonedas y la normalización de las apuestas en línea.
Nueva Jersey: prohibiciones específicas, licencias y multas millonarias
El 24 de febrero, los senadores Shirley K. Turner y John F. McKeon presentaron el Proyecto de Ley Senatorial 3692. La iniciativa reconoce la Ley Federal de Intercambio de Productos Básicos y establece que Nueva Jersey no interferirá en los mercados expresamente regidos por la normativa federal. Sin embargo, exige que las plataformas activas en el estado cumplan con los estándares locales cuando no exista un conflicto directo con la ley federal, lo que en la práctica abre la puerta a una regulación estatal significativa sobre gran parte de la oferta actual.
El proyecto traza una línea clara sobre qué tipos de contratos quedarían prohibidos: aquellos vinculados a elecciones políticas, eventos catastróficos como guerras o desastres naturales, y resultados relacionados con muertes que involucren asesinatos o eventos con múltiples víctimas. Esta delimitación apunta a los segmentos de la oferta que los legisladores consideran éticamente incompatibles con cualquier forma de mercado regulado, independientemente de cómo estén estructurados legalmente.
Para los mercados vinculados a eventos deportivos, en cambio, el proyecto propone un modelo de integración dentro del marco regulatorio existente. Los operadores podrían continuar ofreciendo este tipo de contratos siempre que cuenten con una licencia de apuestas deportivas vigente o se asocien con una entidad debidamente autorizada. La supervisión recaería en la División de Cumplimiento de Juegos de Azar, con obligaciones que incluyen verificación de mayoría de edad, límites de depósito, herramientas de autoexclusión, mensajes de juego responsable en toda la publicidad y tributación a la misma tasa que las apuestas deportivas por internet, cuyos ingresos se destinarían al Fondo General del Estado.
En cuanto a las sanciones, el Fiscal General quedaría autorizado a solicitar medidas cautelares contra los infractores. Los operadores que continúen funcionando después de recibir una orden judicial enfrentarían multas civiles de $1 millón por día, una cifra diseñada para disuadir incluso a las plataformas de mayor capitalización.
Vermont apuesta por la criminalización y un nuevo impuesto a las apuestas deportivas
El enfoque de Vermont es más contundente. El Proyecto de Ley 913 de la Cámara de Representantes, presentado el 25 de febrero y remitido al Comité de Operaciones Gubernamentales y Asuntos Militares ese mismo día, propone modificar directamente los estatutos penales del estado para incluir los mercados de predicciones dentro de la definición de apuestas ilegales. A diferencia de Nueva Jersey, Vermont no contempla un esquema de licencias ni una vía de integración regulada: la propuesta excluye estos contratos del ámbito legal de manera categórica.
Bajo la propuesta, quedaría prohibido ofrecer valores de mercados de predicciones o productos básicos vinculados a resultados sobre deportes, concursos, individuos, campañas políticas, desastres, guerras, eventos de cualquier tipo o muertes. La legislación también modificaría el derecho contractual estatal para declarar nulos este tipo de acuerdos, lo que abre una vía de recuperación civil para los usuarios que hayan perdido dinero en estas plataformas dentro del estado.
Un mapa regulatorio que se redefine semana a semana
Las propuestas de Nueva Jersey y Vermont reflejan dos filosofías distintas frente al mismo problema: un estado opta por absorber estos mercados dentro de un marco regulado, mientras que el otro los excluye directamente del ámbito legal. Lo que ambas iniciativas tienen en común es la urgencia. Estas plataformas ya cuentan con millones de usuarios activos en todo el país y mueven volúmenes de dinero considerables. La capacidad de los estados para regularlas de manera efectiva, y para sostener esa regulación frente a impugnaciones federales, definirá en gran medida el futuro del sector en Estados Unidos.
Lo que está claro es que la ventana de operación sin restricciones para los mercados de predicciones se está cerrando. A medida que más estados desarrollen sus propias iniciativas legislativas, los operadores deberán elegir entre adaptarse a un entorno regulatorio fragmentado o enfrentar batallas legales en múltiples frentes de forma simultánea. El resultado de los proyectos de Nueva Jersey y Vermont será, en ese sentido, un termómetro importante para medir hasta dónde está dispuesto a llegar el poder estatal en su pulso con la regulación federal.
Para la industria, el escenario que se perfila es de mayor complejidad operativa y costos regulatorios más elevados. Para los usuarios, en cambio, una regulación más clara podría traducirse en mayor transparencia sobre los riesgos que asumen y mejores mecanismos de protección. El verdadero desafío para los legisladores será encontrar ese equilibrio sin asfixiar un mercado que, guste o no, ya forma parte del ecosistema financiero y de entretenimiento del país.
