Diferentes sindicatos y gremios que representan a los trabajadores de la industria se han reunido con legisladores que respaldan el llamado «decretazo» contra el juego en México. El proyecto que busca reformar la Ley de Juego mexicana tiene como objetivo eliminar el Título Cuarto, Capítulo VII, De los Sorteos de Números o Símbolos a través de Máquinas, lo que conllevaría a la prohibición de las máquinas tragamonedas o slots.
Durante estas reuniones, los líderes sindicales han alertado que esta medida podría resultar en la pérdida de más de 100,000 empleos, fomentar un mercado negro y causar pérdidas al erario público de casi MXN 5,000 millones de pesos (casi USD 280 millones).
Daniel Amoroso, presidente mundial del Sector Juegos de la Unión Internacional de Trabajadores, expresó en declaraciones a El Universal: «Estamos haciendo lobby con funcionarios y legisladores porque esta reforma no está bien diseñada, no se ha tomado en cuenta la legislación de otros países, ni la opinión de empresarios y trabajadores de una industria regulada que paga impuestos y realiza inversiones millonarias a largo plazo».
La iniciativa también tiene como objetivo eliminar la figura del «operador» en la industria de apuestas y sorteos, lo que permitía a los permisionarios o empresas adquirir máquinas de juego a través de terceros.
Mario Madrigal, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Operadores de Libros y Establecimientos de Diversión, Hoteles, Restaurantes, Comunicaciones y Servicios en Entidades Locales (Sintoled), afirmó que también se perderían inversiones millonarias y la capacitación de trabajadores, incluyendo técnicos encargados de la tecnología y el mantenimiento de la industria. Además, muchos mexicanos podrían optar por viajar al extranjero para jugar y apostar.
«Esto se suma al hecho de que la industria de casinos con máquinas tragamonedas perdería alrededor de MXN 15,000 millones al año (USD 830,000,000) y el gobierno federal dejaría de percibir alrededor de 5,000 millones de pesos en impuestos», agregó Madrigal.
Este decreto ha generado preocupación no solo entre los trabajadores de la industria del juego, sino también entre aquellos que temen las consecuencias económicas y sociales que podría acarrear su implementación. La discusión en torno a esta medida continúa en México, mientras se evalúan sus posibles implicaciones en el país.
